La Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre un grave riesgo social en Lima Metropolitana: Sedapal podría no continuar con la distribución gratuita de agua potable mediante camiones cisterna en diversos sectores urbanos, debido a la falta de empresas contratistas que asuman la prestación del servicio. Esta situación compromete el acceso al agua de miles de familias que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza.
Según el informe de control emitido por el órgano fiscalizador, 941 asociaciones de vivienda que no cuentan con conexión domiciliaria de agua potable se encuentran actualmente sin el servicio o sin garantía de continuidad. Estas asociaciones están ubicadas en zonas vulnerables de Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Pucusana, Lurín, Punta Hermosa, San Bartolo, Punta Negra, Cieneguilla, La Molina y Pachacamac, distritos donde el abastecimiento mediante cisternas resulta vital para la subsistencia diaria.
De acuerdo con la Contraloría, el 31 de diciembre de 2025, Sedapal aprobó realizar un procedimiento de selección no competitivo, bajo la causal de desabastecimiento, por un monto estimado de S/ 42 millones 857 mil. El objetivo era contratar a empresas encargadas de la distribución de agua potable con camiones cisterna en 16 zonas de abastecimiento de Lima Metropolitana.
Estas zonas comprenden sectores donde la población carece de acceso regular al servicio de agua potable, se encuentra en situación de pobreza o extrema pobreza y depende casi exclusivamente del suministro gratuito que brinda la empresa estatal.
Sin embargo, el proceso no logró cubrir la totalidad de la demanda. El 6 de enero de 2026, los postores invitados presentaron ofertas válidas únicamente para 10 de las 16 zonas solicitadas, por un periodo de 151 días. Al día siguiente, Sedapal otorgó la buena pro para esos sectores, pero declaró desierto el procedimiento en las seis zonas restantes, al no recibir ninguna propuesta.
Protestas por falta de agua
La falta de cobertura completa generó un impacto inmediato en la población. El martes 13 de enero, cientos de vecinos de distintos distritos de la capital salieron a las calles para protestar, denunciando que la distribución gratuita de agua potable por cisternas se habría interrumpido desde inicios del año.
Los manifestantes advirtieron que la ausencia del servicio los obliga a comprar agua a precios elevados, afectando gravemente su economía y poniendo en riesgo la salud de niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
Medidas urgentes exigidas por la Contraloría
Ante este escenario, la Contraloría General comunicó formalmente la situación adversa al titular de Sedapal, exhortándolo a adoptar medidas preventivas y correctivas urgentes que permitan garantizar la continuidad del servicio público esencial.
La entidad fiscalizadora dispuso que Sedapal deberá informar y sustentar las acciones adoptadas en un plazo máximo de cinco días hábiles ante el Órgano de Control Institucional (OCI). El objetivo es evitar que miles de familias queden sin acceso al agua potable, un derecho básico y fundamental.
