La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia admitió a trámite la querella por difamación agravada interpuesta por Delia Espinoza Valenzuela contra el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, un proceso que eleva la confrontación política a la vía penal y abre un nuevo frente judicial de alto impacto institucional.

De acuerdo con la resolución emitida por la jueza suprema Norma Carbajal Chávez, la demanda cumple con todos los requisitos formales y legales establecidos en el Código Procesal Penal, motivo por el cual se declaró procedente su tramitación. El fallo precisa que Espinoza se encuentra legitimada para ejercer la acción penal privada, al ser la persona directamente aludida por las expresiones atribuidas al congresista fujimorista.

En su querella, Delia Espinoza solicita que se imponga a Rospigliosi una pena de 2 años y 4 meses de prisión, además del pago de una reparación civil ascendente a un millón de soles, por considerar que las declaraciones del parlamentario vulneraron gravemente su honor, reputación e imagen pública.

¿Qué originó la querella contra Rospigliosi?

La acción legal se sustenta en una serie de expresiones emitidas por Fernando Rospigliosi entre julio y septiembre de 2025, en las que calificó a la entonces fiscal suprema como “aliada del terrorismo”, “pro terrorista”, “pro delincuente” y “desquiciada”. Dichos calificativos se produjeron tras conocerse una reunión de Espinoza con familiares de las víctimas de las protestas sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023.

Según el escrito presentado ante la Corte Suprema, estas afirmaciones fueron difundidas de manera reiterada a través de redes sociales y en diversos programas televisivos, entre ellos espacios transmitidos por Canal N, Panamericana Televisión y Willax. Para la querellante, el alcance masivo de dichas declaraciones agravó el daño ocasionado.

Espinoza sostiene que las expresiones de Rospigliosi no constituyen una crítica política legítima, sino que exceden los márgenes de la libertad de expresión, al atribuirle conductas y afinidades delictivas sin sustento, lo que —según argumenta— configura el delito de difamación agravada.

Pedido de rectificación y negativa del congresista

Antes de acudir al Poder Judicial, Delia Espinoza remitió una carta notarial al presidente del Congreso solicitando una rectificación pública. Sin embargo, el parlamentario no solo rechazó el pedido, sino que calificó la iniciativa como una amenaza, reiterando posteriormente sus afirmaciones en nuevas entrevistas y publicaciones.

Este comportamiento fue incorporado en la querella como un elemento que demostraría la persistencia del presunto agravio, reforzando la tesis de que existió una conducta deliberada destinada a desacreditarla públicamente.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención del proceso es el destino que Espinoza ha anunciado para la eventual reparación civil. En declaraciones a Infobae, la fiscal suprema señaló que, de ganar la querella, el millón de soles será íntegramente donado al Hospital de Neoplásicas, con el objetivo de beneficiar a niños y adolescentes que luchan contra el cáncer.

“Para mí ni un centavo”, afirmó Espinoza, subrayando que su motivación no es económica, sino simbólica y reparadora. “Si ha habido una falta de respeto que ha mellado mi honor personal, quiero dedicarlo a los niños que están sufriendo”, expresó.