La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia declaró infundado el recurso de casación presentado por la defensa del expresidente Martín Vizcarra Cornejo, con el que buscaba anular el juicio oral que enfrenta por presunto cobro de sobornos en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. La decisión, anunciada en audiencia pública, fue adoptada por el tribunal presidido por el juez supremo César San Martín y deja firme el proceso penal contra el exmandatario.
Vizcarra es procesado por el presunto delito de cohecho pasivo propio, debido a su presunta participación en actos de corrupción ocurridos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua (2011-2014). Según la investigación de la Fiscalía, habría recibido más de S/ 2,3 millones en sobornos de constructoras a cambio de favorecerlas en licitaciones públicas.
Poder Judicial: no hubo vulneración del debido proceso
Durante la audiencia, la Corte Suprema evaluó los argumentos de la defensa del expresidente, quien sostenía que se vulneraron sus derechos al debido proceso y a la defensa al haberse fraccionado indebidamente la acusación fiscal. La abogada Kathya Neyra Cano aseguró que este error procesal habría permitido una doble persecución penal sobre los mismos hechos.
“Solicitamos que se retrotraiga el proceso hasta el momento en que se produjo el agravio”, expresó Neyra, señalando que la jueza del caso continuó con el control de acusación por cohecho pasivo propio sin esperar el pronuciamiento final del Ministerio Público sobre otros delitos imputados.
Sin embargo, la Sala Penal Permanente no encontró fundamentos jurídicos suficientes para acoger el pedido y reafirmó la continuidad del juicio. El tribunal coincidió con la postura de la Procuraduría Ad Hoc para el Caso Lava Jato, que consideró que los planteamientos de la defensa de Vizcarra “carecen de sustento y buscan únicamente dilatar el proceso judicial”.
Los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua
De acuerdo con la acusación del fiscal Germán Juárez Atoche, integrante del equipo especial Lava Jato, Martín Vizcarra habría recibido sobornos millonarios de empresas vinculadas a la ejecución de proyectos públicos durante su gestión regional.
- Caso Lomas de Ilo:
Vizcarra habría entregado información privilegiada a la empresa Obrainsa para que resultara favorecida en la licitación del proyecto de irrigación Lomas de Ilo. A cambio, habría recibido un pago de S/ 1 millón, presuntamente entregado entre enero y abril de 2014.
- Caso Hospital de Moquegua:
En este segundo caso, se le imputa haber condicionado la firma del contrato para la ampliación del Hospital Regional de Moquegua a un pago ilícito de S/ 1,3 millones por parte de la empresa ICCGSA, efectuado entre 2014 y 2016.
Estos hechos, según la Fiscalía, configuran un patrón de corrupción que compromete al exmandatario en la recepción de sobornos a cambio de favorecer a constructoras.
Fiscalía pide 15 años de prisión contra Martín Vizcarra
El fiscal Germán Juárez ha solicitado 15 años de prisión efectiva para el expresidente Vizcarra, además de su inhabilitación para ejercer cargos públicos. Asimismo, pide el pago de una reparación civil al Estado por los perjuicios generados durante su gestión regional.
El proceso judicial se encuentra actualmente en etapa de juicio oral, donde se presentarán testigos, documentos y peritajes. El Ministerio Público sostiene que las pruebas recabadas —entre ellas declaraciones de colaboradores eficaces, transferencias bancarias y registros de reuniones— evidencian la existencia de una red de pagos ilícitos en Moquegua.
La estrategia de la defensa: alegatos de persecución política
Desde el inicio de las investigaciones, Vizcarra ha mantenido su inocencia y asegura ser víctima de una persecución política. Su defensa argumenta que la acusación responde a “presiones mediáticas” y que los hechos descritos por la Fiscalía son interpretaciones erróneas de decisiones administrativas normales durante su gestión como gobernador.
Vizcarra también sostiene que su imagen pública ha sido afectada de forma injusta desde su salida del poder en 2020, tras ser vacado por el Congreso. “Jamás recibí un solo sol de coimas o sobornos. Estoy siendo juzgado por decisiones que beneficiaron a la región Moquegua”, ha afirmado en diversas oportunidades.
Implicancias políticas y judiciales
El rechazo del recurso de casación representa un duro revés para la defensa del exmandatario, quien esperaba anular el juicio o, al menos, postergar su desarrollo mientras se resolvían sus cuestionamientos. Con esta decisión, la Corte Suprema ratifica la validez del proceso penal y allana el camino para una eventual sentencia en los próximos meses.
El caso Vizcarra se suma a la lista de expresidentes peruanos investigados por corrupción, junto a Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, todos vinculados a delitos derivados del caso Lava Jato.
Además, Vizcarra enfrenta otras investigaciones, como la referida a la presunta negociación incompatible en el caso de vacunas COVID-19, conocida mediáticamente como el “Vacunagate”.
La decisión de la Corte Suprema refuerza la postura del sistema judicial frente a los intentos de frenar procesos por delitos de corrupción. El juez César San Martín subrayó durante la audiencia que “no puede haber impunidad bajo pretexto de formalismos procesales”, enfatizando que la justicia debe actuar con independencia y transparencia.
Con esta resolución, Martín Vizcarra continuará su juicio oral por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, mientras la Fiscalía busca sustentar sus acusaciones ante el tribunal.
