La percepción de seguridad en distritos tradicionalmente considerados tranquilos y exclusivos de Lima Metropolitana comienza a resquebrajarse. En las últimas semanas, una serie de hechos violentos registrados en Miraflores y San Isidro ha encendido las alarmas entre vecinos, autoridades locales y especialistas en seguridad ciudadana, quienes advierten que el crimen organizado ha desplazado su accionar hacia zonas con mayor actividad económica y turística.

Uno de los casos que mayor conmoción generó ocurrió la noche del jueves 6 de diciembre, cuando un hombre fue asesinado de varios disparos a pocos metros del centro comercial Larcomar, uno de los principales puntos turísticos de la capital. El ataque se produjo en una zona cercana al acantilado, poco transitada por peatones, rodeada de hoteles y locales comerciales de alta concurrencia.

La víctima fue identificada como Dennise Sánchez Ramírez, de nacionalidad extranjera. De acuerdo con las primeras investigaciones policiales, el autor del crimen realizó varios disparos y luego huyó rápidamente a bordo de una motocicleta, modalidad que se ha vuelto recurrente en ejecuciones de tipo selectivo. Hasta el momento, no se ha informado sobre la captura del responsable.

Un aspecto que ha generado especial preocupación es que, según registros de las cámaras de videovigilancia del municipio de Miraflores, a pocos metros del lugar del homicidio se encontraba estacionado un patrullero del escuadrón ‘Cobra’ de la Policía Nacional. Sin embargo, los agentes no habrían reaccionado de manera inmediata al ataque, situación que ha abierto cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta policial incluso en zonas con alta presencia de seguridad.

Este no ha sido el único episodio violento registrado recientemente en Miraflores. Días atrás, un vehículo fue atacado con un artefacto explosivo en las inmediaciones del óvalo Gutiérrez, específicamente en la puerta de un restaurante de comida nikkei. El estallido causó pánico entre los vecinos y transeúntes, quienes temieron estar frente a un nuevo caso de extorsión ligado a bandas criminales.

No obstante, la municipalidad de Miraflores descartó que se tratara de un acto de extorsión y atribuyó el hecho a una pelea entre dos personas. Pese a esta versión oficial, el uso de explosivos en una zona comercial reforzó la sensación de inseguridad y evidenció el nivel de violencia que están dispuestos a emplear algunos delincuentes.

La situación no es distinta en San Isidro. En este distrito, considerado también uno de los más seguros de la capital, la Policía detuvo recientemente a dos hermanos acusados de extorsionar a colectiveros que operan en la avenida Javier Prado. Según la investigación, los intervenidos habrían cobrado cupos a más de 20 transportistas informales, aprovechándose del temor generado por amenazas y actos intimidatorios.

Los agentes de la comisaría de San Isidro realizaron un seguimiento durante varios días antes de concretar la detención, lo que permitió reunir pruebas sobre el modus operandi de los presuntos extorsionadores. El caso reveló que las redes criminales no solo apuntan a grandes empresas, sino también a trabajadores informales que carecen de protección efectiva.

Estos hechos reflejan una tendencia preocupante: la criminalidad ya no se concentra exclusivamente en distritos periféricos o de menor desarrollo económico, sino que se ha desplazado hacia zonas como Miraflores, San Isidro, San Borja, La Molina, Magdalena y Jesús María. Para diversos analistas, este fenómeno responde a la ausencia de una estrategia integral del Gobierno para enfrentar al crimen organizado.

La expansión del delito ocurre pese a que estos distritos cuentan con modernos sistemas de videovigilancia, flotas de serenazgo, patrullaje municipal y coordinación con la Policía Nacional. Sin embargo, la capacidad disuasiva de estas herramientas parece insuficiente frente a organizaciones criminales cada vez más violentas y mejor organizadas.

Las cifras oficiales refuerzan esta percepción. Según datos de la Policía Nacional del Perú (PNP), en lo que va del año se han registrado 912 denuncias por homicidio en Lima Metropolitana, así como 10.562 denuncias por extorsión. Una parte significativa de estos casos se concentra precisamente en distritos que antes figuraban entre los más seguros de la ciudad.

Además, la tendencia es al alza. Especialistas advierten que, de no adoptarse medidas urgentes y efectivas, los índices de violencia seguirán creciendo y afectarán no solo la seguridad ciudadana, sino también la actividad económica, el turismo y la calidad de vida de los residentes.

El avance del crimen en distritos emblemáticos de Lima plantea un desafío mayor para las autoridades nacionales y locales. La ciudadanía exige respuestas concretas, mayor presencia policial efectiva y una política de seguridad que vaya más allá de la reacción tardía. Mientras tanto, hechos como el asesinato cerca de Larcomar y las extorsiones en San Isidro confirman que la inseguridad ya no distingue zonas ni niveles socioeconómicos.