¿QUIÉN SERÁ LA PRÓXIMA VÍCTIMA?
Debo confesar que, cuando en anteriores comentarios me refería a la Criminopolitica que está imperando en, lo que algunos pretenden seguir llamando, «sistema político nacional», ni siquiera me imaginaba que se llegará a los recientes crimenes que se han producido en personas que, de una forma u otra, habrian resultado piezas importantes en el esclarecimiento de graves delitos cometidos por individuos que contaban con una cuota de poder político y económico.
Primero, el alevoso crimen cometido en agravio de la Abogada Andrea Vidal Gómez, cuyo móvil apunta a silenciar el testimonio que podría haber contribuido al esclarecimiento de la mafia de prostitución que habría operado dentro del Congreso de la República, mediante en el que no solo se habría proveído de servicios sexuales a parlamentarios a cargo de discípulas de un nuevo Pantaleón pagadas con el dinero de todos los peruanos; sino que, hasta se habrian pagado votaciones en temas claves con cargo a esos favores sexuales.
Cuando, como sociedad, no nos reponiamos de esa ferocidad criminal, se produce la muy sospechosa muerte de Nilo Burga, Presidente del Directorio de FRIGOINCA, en medio de la investigación que tendría que realizarse por los negociados, a costa del riesgo en la vida y salud de los niños beneficiarios, que se habrian cometido dentro de la gestión de doña Dina Boluarte como Ministra de Desarrollo y Promoción Social; y, posteriormente como Presidenta de la República durante la gestión ministerial del fallido postulante a la alcaldia de La Perla y ex militante de la tristemente recordada organización criminal «Chimpun Callao» Julio De Martini.
Los ciudadanos estamos notificados que éstas organizaciones criminales no tienen miramientos para silenciar a todos aquellos que podrían servir de testigos o aportar información en el esclarecimiento de esos actos de corrupción.
Estos hechos no son nuevos, y, los conocimos, por ejemplo con la muerte nunca aclarada del periodista Luis Choy, cuando se encontraba investigando el almacenamiento de droga en un almacén vinculado a los hermanos Fujimori Higuchi; o, las que se producen reiteradamente en el Callao, casi siempre vinculados a denuncias de corrupción en las diferentes gestiones regionales o municipales en esa Región del país.
Ante ello, solo corresponde hacer éstas puntuales preguntas:
Estos métodos de eliminación de personas incómodas para la investigación de delitos vinculados a políticos, será también razón para la perversa alianza ejecutivo-legislativo para seguir destrozando el país a pesar del creciente rechazo popular?
¿Hasta cuándo tendremos que seguir soportando como simples espectadores como la criminalidad, en todas sus formas; incluyendo por supuesto la política, seguirá ganando la guerra?
¿Cuál será la próxima víctima buscando silencios que podrían delatar sus métodos criminales?
Marco Silva Santisteban
