La crisis política en el Perú se profundiza tras la destitución de José Jerí como presidente del Congreso, un hecho que ha dejado en suspenso la definición de quién asumirá la jefatura del Estado de manera interina. En medio de un escenario marcado por la fragmentación parlamentaria, cuatro candidatos ya fueron propuestos por sus bancadas para ocupar el cargo que, además de liderar el Legislativo, implica asumir temporalmente la conducción del país.
La Mesa Directiva del Parlamento confirmó que la elección se realizará este miércoles a las 18:00 horas. El contexto no es menor: quien resulte elegido se convertirá en el octavo mandatario peruano en apenas una década, reflejando la persistente inestabilidad institucional y la desconfianza ciudadana hacia la clase política.
Edgard Reymundo: la apuesta del Bloque Democrático
El primer candidato en ser anunciado fue Edgard Reymundo, impulsado por el Bloque Democrático-Juntos por el Perú. Nacido en Arequipa, Reymundo es sociólogo y abogado, con estudios en la Universidad Nacional del Centro del Perú y la Universidad de San Martín de Porres.
Su trayectoria política se remonta a la década de 1980, cuando fue regidor y posteriormente alcalde del distrito de Chilca por Izquierda Unida. Entre 2006 y 2011 ejerció como congresista, y en 2012 asumió la jefatura de la Superintendencia Nacional de Migraciones. En 2021 regresó al Parlamento representando a la región Junín.
Durante el periodo 2024-2025 presidió la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, desde donde promovió iniciativas orientadas a la protección del patrimonio nacional. La congresista Ruth Luque sostuvo que su candidatura busca garantizar un gobierno de transición libre de conflictos de intereses.
Sin embargo, Reymundo no está exento de cuestionamientos. En 2014 fue señalado por presuntamente haber facilitado el estatus migratorio de un ciudadano mexicano vinculado al narcotráfico. Además, se le cuestionó por registros de llamadas con el exoperador montesinista Óscar López Meneses.
Héctor Acuña: trayectoria empresarial y cuestionamientos
Otra de las candidaturas corresponde a Héctor Acuña, congresista nacido en Cajamarca en 1957. Ingeniero civil y empresario, cuenta con estudios en la Universidad Nacional de Cajamarca y una maestría en la Universidad de Piura.
Hermano del fundador de Alianza para el Progreso, Acuña ha ocupado diversos cargos en el sector privado y en el Parlamento, incluyendo la presidencia de la Comisión de Cultura.
Su trayectoria política ha estado marcada por constantes cambios de bancada, lo que ha generado cuestionamientos sobre su coherencia ideológica. Además, mantiene intereses empresariales y registra una deuda fiscal ante la Sunat, aunque no enfrenta investigaciones penales abiertas.
No es la primera vez que busca liderar el Congreso: en 2022 encabezó una lista multipartidaria, aunque no logró los votos necesarios.
María del Carmen Alva: experiencia y polémicas
La tercera candidatura es la de María del Carmen Alva, histórica militante de Acción Popular. Abogada egresada de la Universidad de Lima, cuenta con estudios de posgrado en Gerencia Pública y Seguridad Social.
Alva ya fue presidenta del Congreso entre 2021 y 2022, periodo en el que desempeñó un rol clave en uno de los momentos más tensos de la política nacional.
Sin embargo, su gestión estuvo rodeada de polémicas. Entre los episodios más recordados figuran el jalón de brazo a la congresista Isabel Cortez durante una sesión, un enfrentamiento verbal con autoridades locales y acusaciones de presión política a colegas parlamentarios para modificar sus votos.
Estos hechos generaron un fuerte rechazo público y cuestionamientos sobre su estilo de liderazgo.
José María Balcázar: una candidatura con controversias
La cuarta lista propone a José María Balcázar, congresista de Perú Libre. Abogado cajamarquino y exmagistrado del Poder Judicial, su carrera está marcada por diversas controversias.
Balcázar fue destituido como juez tras un proceso disciplinario que concluyó que, junto a otros magistrados, anuló una resolución firme, vulnerando el principio de cosa juzgada. Posteriormente, intentó revertir la sanción mediante una demanda ante el Tribunal Constitucional, pero esta fue declarada infundada.
En el ámbito parlamentario, también generó rechazo por sus declaraciones públicas en defensa del matrimonio infantil, afirmaciones que fueron condenadas por el Ministerio de la Mujer y diversos sectores sociales.
