La Defensoría del Pueblo, bajo la dirección de Josué Gutiérrez, se encuentra en el centro de una fuerte controversia tras revelarse la construcción de una nueva sede institucional en uno de los terrenos más exclusivos del sur de Lima. Según un reportaje del semanario Hildebrandt en sus trece, el predio de más de 8.000 metros cuadrados está ubicado a tan solo 30 metros del mar, en la zona de Chocalla, cerca del Boulevard de Asia, una de las áreas más costosas del litoral peruano.

El proyecto, valorizado en S/3 millones y justificado oficialmente como una mejora para la atención ciudadana, ha levantado serias dudas sobre su verdadera finalidad. El terreno solicitado a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) por la Defensoría fue presentado como una necesidad para brindar “mayor confort” a los usuarios. Sin embargo, el expediente técnico revela características más propias de un club de verano que de una sede pública, incluyendo comedor, salas de uso múltiple, estacionamientos, cocina y una arquitectura que “se integre con el entorno” de Asia.

El documento fue firmado por el ingeniero Jhon Escobar Fernández, jefe de Infraestructura y Seguridad Integral de la Defensoría. A pesar de que la SBN concluyó tras una evaluación de cuatro meses que el terreno “no se encontraría sobre zona de playa”, el semanario contradice esta versión. Según una visita realizada por sus periodistas, el predio tiene acceso directo a la playa, vista al mar y colinda con lujosos condominios de temporada, cuyas piscinas y sombrillas de bambú son visibles desde el terreno.

Cuestionamientos políticos detrás del proyecto

La aprobación del proyecto ha sido vinculada a presuntas alianzas políticas forjadas durante la elección del defensor del Pueblo. Josué Gutiérrez fue elegido en mayo de 2023 por el Congreso con 88 votos, gracias al respaldo de bancadas como Alianza para el Progreso (APP) y Somos Perú. Este apoyo, señalan analistas, estaría relacionado con decisiones posteriores en la gestión de Gutiérrez.

La Comisión de Presupuesto del Congreso, presidida por Lady Camones (APP), aprobó una asignación adicional de S/8 millones para la Defensoría, de los cuales S/3 millones se destinarán directamente al cuestionado proyecto en Asia. Asimismo, el jefe de la Oficina de Administración y Finanzas, Erwin López Calvo, encargado de solicitar el terreno, es militante activo de Somos Perú desde hace una década, lo que refuerza las sospechas de que la sede no responde a una necesidad técnica sino a un compromiso político.

¿Sede funcional o beneficio personal?

La elección de un terreno en una zona tan exclusiva y de difícil acceso para el ciudadano promedio ha generado una ola de críticas en redes sociales y medios de comunicación. Organizaciones de la sociedad civil y especialistas en gestión pública cuestionan que una entidad como la Defensoría del Pueblo, cuyo rol es velar por los derechos fundamentales de los peruanos más vulnerables, destine recursos a una sede alejada de zonas de mayor necesidad y población.

Para muchos, el proyecto encarna un símbolo de desconexión entre la alta dirección institucional y la realidad de miles de peruanos que requieren atención en zonas con serios problemas de acceso a servicios básicos.

Hasta el momento, la Defensoría del Pueblo no ha emitido un pronunciamiento oficial detallado que justifique la elección del terreno y las características del proyecto frente al creciente rechazo ciudadano.