En medio del creciente enfrentamiento institucional generado por el retorno de Patricia Benavides al cargo de fiscal de la Nación, la actual titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, ha tomado una posición firme frente a posibles intentos de intervención en su despacho. Según información obtenida por el medio de comunicación La República, Espinoza remitió un oficio al ministro del Interior, Carlos Malaver, en el que advierte que cualquier intento de la Policía Nacional del Perú (PNP) de intervenir las oficinas fiscales o su propia persona carecería de legalidad y vulneraría el orden constitucional.

La comunicación enviada por Espinoza responde directamente al documento que la Junta Nacional de Justicia (JNJ), a través de su Oficina de Procesos Disciplinarios, hizo llegar el pasado lunes 23 de junio. En ese escrito, firmado por Magnolia Martínez Hidalgo, se exige a Espinoza reponer a Patricia Benavides en un plazo máximo de 24 horas, bajo amenaza de utilizar la fuerza pública en caso de incumplimiento.

Ante esta situación, la fiscal de la Nación sostiene que el proceso en curso —el Procedimiento Administrativo N° 001-2024-JNJ— sigue su cauce dentro de los márgenes legales, por lo que cualquier intervención de la Policía Nacional sería ilegítima, ilegal y contraria al orden democrático.

“Cualquier intervención de la Policía Nacional del Perú en un procedimiento administrativo regular en trámite no solo sería ilegítima, sino que sería ilegal y quebrantaría el orden institucional y constitucional”, enfatiza el documento enviado por Espinoza al titular del Interior.

Delia Espinoza sostiene que PNP no puede actuar por propia decisión

La fiscal también recordó que la Constitución Política del Perú, en su artículo 169, establece que las fuerzas del orden están subordinadas al poder constitucional y no son deliberantes. Por tanto, la PNP no puede actuar por iniciativa propia ni por presión de entidades administrativas sin una orden judicial expresa y debidamente motivada.

“Solo por mandato judicial o por orden debidamente motivada de la autoridad competente y con respeto al debido procedimiento y a los derechos fundamentales podría intervenir la PNP”, señala con claridad el oficio.

En una advertencia directa, Espinoza sostiene que cualquier disposición desde altos mandos del Ejecutivo que ordene una intervención no sustentada podría implicar responsabilidades penales y administrativas. “En el caso que los altos mandos dispongan la intervención de la PNP estarán incursos en infracciones administrativas graves y en la comisión de ilícitos penales”, concluye.

Este nuevo episodio agrava la tensión institucional en el Ministerio Público, una crisis que se ha agudizado desde que la Junta Nacional de Justicia, pese a cuestionamientos, dispusiera el retorno de Patricia Benavides. La resistencia de Delia Espinoza a ejecutar la reposición ha motivado presiones públicas y políticas que hoy alcanzan un nuevo nivel con la amenaza de uso de la fuerza.

La situación sigue en desarrollo, mientras diversos sectores del ámbito jurídico y político observan con preocupación los alcances de este enfrentamiento. La independencia de poderes y el respeto al debido proceso están en juego en uno de los momentos más críticos del Ministerio Público en los últimos años.