Durante la ceremonia por el 44° aniversario del Ministerio Público, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, lanzó un firme pronunciamiento contra diversas leyes y propuestas legislativas impulsadas desde el Congreso de la República, que —según afirmó— comprometen la autonomía de las instituciones judiciales y obstaculizan la lucha contra la criminalidad en el país.
Espinoza subrayó que el Perú sigue siendo un Estado constitucional de derecho, por lo que su institución ha activado los mecanismos legales pertinentes. En ese sentido, recordó que ya se presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y se espera una pronta resolución.
Una de las principales críticas se centró en la Ley N.° 32326, promulgada el pasado 10 de mayo, que establece que adolescentes de 16 y 17 años serán procesados penalmente como adultos. La fiscal advirtió que esta norma representa un enfoque punitivo equivocado que criminaliza a menores en lugar de apostar por políticas de prevención. Según explicó, esta disposición abre la puerta a que bandas delictivas instrumentalicen a niños cada vez más jóvenes, sabiendo que el Estado responde con cárcel y no con reinserción.
Otro punto sensible fue la reciente modificación a la Ley de Extinción de Dominio, que —según Espinoza— pone en riesgo el decomiso de bienes adquiridos de forma ilícita, debilitando un instrumento clave para combatir el lavado de activos, el narcotráfico y la corrupción. “No vamos a permitir que esta ley continúe vigente”, sentenció la fiscal, adelantando que se emprenderán acciones legales para revertirla.
Espinoza también se mostró tajante frente a propuestas del Congreso que buscan que este poder del Estado tenga injerencia directa en la elección de fiscales y jueces supremos. A su juicio, estas iniciativas vulneran la independencia del sistema de justicia y representan un claro retroceso democrático. También cuestionó los intentos por reducir la votación calificada en decisiones relacionadas con la suspensión de altos funcionarios públicos, lo que facilitaría medidas arbitrarias.
La titular del Ministerio Público denunció además proyectos que pretenden restringir la cooperación técnica internacional con instituciones como el Ministerio Público, los órganos electorales y la Contraloría. Estas propuestas, afirmó, no solo son discriminatorias, sino que también debilitan la capacidad institucional para enfrentar delitos complejos como la corrupción, el crimen organizado y el lavado de activos, donde la colaboración internacional es clave.
Frente a estos desafíos, Espinoza destacó que el Ministerio Público ha presentado seis proyectos de ley para mejorar las condiciones laborales y salariales del personal fiscal, médico-legal y administrativo. Además, reveló que la institución ha emitido 27 opiniones técnicas sobre iniciativas legislativas en materia penal, muchas de las cuales no han sido tomadas en cuenta por el Congreso, lo que refleja una preocupante falta de coordinación institucional.
En el marco de su discurso, la fiscal de la Nación reiteró el llamado al Parlamento a actuar con responsabilidad y en coordinación con el sistema de justicia antes de aprobar normas que impactan directamente su funcionamiento. Asimismo, valoró la firma de 27 convenios de cooperación interinstitucional, incluidos 10 con gobiernos regionales, como parte de una estrategia para fortalecer la institucionalidad y llevar servicios fiscales a más peruanos.
Delia Espinoza cerró su intervención afirmando que el Ministerio Público seguirá firme en su rol constitucional de defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y el interés público, pese a los intentos de debilitar su autonomía.
