La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó una denuncia constitucional contra el ministro de Justicia y Derechis Humanos Juan José Santiváñez Antúnez por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. El documento fue dirigido al presidente del Congreso, cumpliendo lo dispuesto en la Constitución y el reglamento parlamentario.
¿De qué se le acusa a Juan José Santiváñez?
Según el documento oficial, Santiváñez habría incurrido en actos que vulneran la imparcialidad y la legalidad en el ejercicio de su función ministerial, generando un presunto perjuicio al Estado. El ilícito penal imputado está contemplado en el artículo 399 del Código Penal, que sanciona a los funcionarios públicos que intervienen en contratos u operaciones en los que tienen un interés personal o de terceros.
La fiscal fundamenta la denuncia en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú, la Ley N.° 27399, el numeral 1 del artículo 450 del Código Procesal Penal y el artículo 89 del reglamento del Congreso. La acusación se enmarca dentro de los delitos contra la administración pública.
El tipo penal en cuestión
El delito de negociación incompatible hace referencia a aquellas situaciones en las que un funcionario público se interesa, de manera directa o indirecta, en un contrato, operación o decisión en la que tiene poder de intervención por razón de su cargo. Este tipo de conducta genera un conflicto evidente entre el interés público —que debería primar en toda gestión estatal— y el interés privado o particular.
En el caso de Santiváñez, la fiscalía sostiene que existen indicios de que, durante su gestión como ministro del Interior, se habrían tomado decisiones que no respondían únicamente al interés público.
Coincidencias con un reportaje periodístico
Aunque el documento fiscal no lo menciona expresamente, la denuncia se presenta en un contexto marcado por la difusión de un reportaje del programa Cuarto Poder. La investigación periodística reveló la existencia de una presunta maquinaria orientada a mejorar la imagen pública del actual ministro de Justicia, con posibles conexiones a la gestión de Santiváñez en el Ministerio del Interior.
Si bien no está confirmado que estos elementos formen parte del sustento probatorio de la denuncia constitucional, la coincidencia temporal ha generado especulaciones en el ámbito político y mediático.
El rol del Congreso
Con la presentación formal de la denuncia, ahora corresponde al Congreso de la República activar el procedimiento establecido en su reglamento. El caso será derivado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que deberá decidir si admite o rechaza la denuncia para su análisis de fondo.
Si es admitida, se abrirá una investigación que incluirá la presentación de descargos por parte de Santiváñez, la revisión de pruebas y la elaboración de un informe final. Este documento, a su vez, será elevado a la Comisión Permanente y, eventualmente, al Pleno del Congreso para su votación.
Posibles consecuencias para Juan José Santiváñez
En caso de que el Parlamento encuentre responsabilidad política o penal, el exministro podría enfrentar sanciones severas. Entre ellas figuran la inhabilitación para ejercer cargos públicos y un eventual proceso judicial que derive en sanciones penales.
Este escenario coloca nuevamente en debate el rol de los mecanismos de control en la política peruana y el alcance de la responsabilidad de los altos funcionarios.
Un caso con trasfondo político
Más allá del aspecto legal, la denuncia constitucional contra Santiváñez ha reavivado las tensiones en el Ejecutivo y el Congreso, en un contexto marcado por acusaciones de redes de poder e intentos de manipulación de la opinión pública. Para los analistas políticos, el proceso podría convertirse en un nuevo frente de conflicto institucional que impacte en la relación entre el Ministerio Público y el Parlamento.
Por lo pronto, la atención estará centrada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde se decidirá el futuro inmediato de este caso y, en consecuencia, el panorama político para el exministro Juan José Santiváñez.
