La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, denunció públicamente que viene siendo víctima de seguimiento y que existiría un plan para atentar contra su vida. La declaración la ofreció en una entrevista para el programa El Dardo, donde afirmó que la información proviene de “fuentes reservadas de inteligencia” que le advirtieron del riesgo que estaría enfrentando desde hace varias semanas.

Espinoza señaló que su situación de seguridad es precaria. Aseguró que actualmente cuenta con un resguardo mínimo que considera insuficiente frente a las amenazas recibidas. Según indicó, ha solicitado formalmente seguridad reforzada, pero hasta el momento no ha obtenido una respuesta efectiva por parte de las autoridades responsables. “Me atreví a decir muchas verdades al más alto poder y eso no me lo perdonan”, declaró, insinuando que sus recientes decisiones e investigaciones habrían generado tensiones con sectores de poder político e institucional.

La denuncia ocurre en un contexto de fuerte confrontación entre la suspendida fiscal y distintas entidades del sistema de justicia. Semanas atrás, Delia Espinoza había expresado su intención de retomar el cargo de fiscal de la Nación, luego de cuestionar las resoluciones que permitieron la designación de un reemplazo temporal. Sin embargo, el Tribunal Constitucional (TC) detuvo su regreso mediante una medida cautelar presentada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la cual fue declarada fundada.

Con esta decisión, el máximo órgano constitucional dejó en suspenso cualquier intento de reposición mientras se resuelve el fondo del caso. Para Espinoza, la medida representa un retroceso a su derecho de defensa y constituye —según sus palabras en entrevistas previas— parte de una campaña para neutralizar su presencia en la institución.

En su reciente aparición pública, la fiscal suspendida insistió en que las amenazas estarían vinculadas directamente a su labor y a decisiones adoptadas durante su gestión en el Ministerio Público. Sin ofrecer mayores detalles, mencionó que las advertencias de inteligencia describen movimientos sospechosos cerca de su vivienda y de los lugares que frecuenta.

Analistas consultados en medios locales señalan que este tipo de denuncias deben ser evaluadas con rigurosidad para determinar su veracidad y activar los protocolos correspondientes de protección a autoridades en riesgo. En casos recientes, organismos como la Oficina de Seguridad del Estado han sido los encargados de verificar amenazas contra funcionarios de alto nivel.