La tensión institucional entre el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia (JNJ) continúa en ascenso. La fiscal suprema Delia Espinoza, suspendida de sus funciones, anunció que interpondrá acciones legales contra la JNJ por desacatar la orden judicial que dispone su restitución inmediata como fiscal de la Nación.

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa llevada a cabo en el Colegio de Abogados de Lima, donde Espinoza calificó como “ilegal” y “arbitrario” el accionar del organismo presidido por Gino Ríos, que decidió no acatar la resolución del Noveno Juzgado Constitucional de Lima, a cargo del juez Juan Torres Tasso.

Delia Espinoza acusa a la JNJ de actuar al margen de la ley

“Lo que vamos a compartir es una vulneración al Estado de derecho. La JNJ dio un paso más dentro del amplio espectro de irregularidades que viene cometiendo. Esto no puede pasar desapercibido por el Poder Judicial”, declaró Espinoza, visiblemente indignada.

Según la magistrada, el pleno de la JNJ ha actuado “como juez y parte” en el proceso disciplinario que la mantiene suspendida, pese a que existen pedidos formales de inhibición. Denunció que solo seis miembros han impulsado el procedimiento de manera “ilegal”, tras la inhibición irregular de Francisco Távara Córdova, uno de los integrantes del órgano.

“Pretenden consagrar su ilegalidad actuando como juez y parte. Saben muy bien que no son competentes para continuar con procesos disciplinarios en mi contra”, señaló Espinoza, quien además advirtió que las actuaciones de la JNJ configuran un desacato directo a una orden judicial vigente.

Acusa un plan político para destituirla

Durante la conferencia, Espinoza fue más allá y aseguró que existe un plan coordinado entre la JNJ y sectores del Congreso para lograr su destitución definitiva del Ministerio Público.

“Las investigaciones que están en el Congreso son invenciones, simples represalias para buscar inhabilitarme. Me quieren destituir. Esto responde a un plan bien estructurado, coordinado dentro y fuera de la JNJ”, denunció.

La fiscal suspendida también recordó que, cuando fue apartada del cargo, se intentó “coaccionarla” para aceptar decisiones impuestas desde fuera del Ministerio Público. “Estamos yendo hacia una dictadura. Todo se está volviendo más grotesco, más descarado y sin vergüenza”, enfatizó.

Defensa legal: “La JNJ no puede ser juez y parte”

Por su parte, Luciano López, abogado de Delia Espinoza, señaló que el comportamiento de la JNJ constituye una violación al principio de separación de poderes, pues el organismo no puede reinterpretar ni ignorar lo dispuesto por el Poder Judicial.

“La orden del juez constitucional fue muy clara: suspender cualquier procedimiento disciplinario derivado del acto que obligó a la señora Espinoza a dejar su cargo. Ninguna institución puede decidir qué mandato judicial cumple o no. Eso es, en síntesis, lo que ha ocurrido aquí”, explicó.

El abogado también subrayó que, hasta el momento, no han sido notificados formalmente por la JNJ respecto a las acciones adoptadas. No obstante, adelantó que presentarán un escrito ante el juez Torres Tasso para exigir el cumplimiento inmediato del fallo judicial, conforme al principio de supremacía constitucional.

El argumento jurídico: prevalencia del mandato judicial

López destacó que el mandato judicial prevalece sobre cualquier resolución administrativa, recordando que así lo establece la jerarquía normativa en el orden constitucional peruano.

“Hay una enorme diferencia entre un mandato administrativo y una orden judicial. Son los mandatos judiciales los que deben cumplirse por disposición de la ley, no los administrativos. Lo que está haciendo la JNJ es una afrenta al Estado de derecho”, puntualizó el jurista.

Según el fallo emitido por el Noveno Juzgado Constitucional, la JNJ debía restablecer de inmediato a Espinoza en el cargo de fiscal de la Nación y suspender cualquier proceso disciplinario en su contra. Sin embargo, el organismo ha optado por iniciar un procedimiento interno para “precisar los términos” de la notificación, lo que ha sido interpretado como una maniobra dilatoria para evitar el cumplimiento del mandato.

Un conflicto que expone la crisis institucional

El enfrentamiento entre Delia Espinoza y la JNJ profundiza la crisis en el sistema de justicia peruano, donde distintos órganos —Judicial, Constitucional, y de control disciplinario— mantienen disputas sobre competencias y jerarquía legal.

Espinoza, considerada por algunos sectores como una figura independiente dentro del Ministerio Público, fue suspendida en junio de 2024 por seis meses en medio de una investigación disciplinaria. No obstante, el Poder Judicial declaró fundada su demanda de amparo, lo que debía permitirle regresar al cargo de forma inmediata.

El desacato de la JNJ, sin embargo, ha generado una fuerte polémica entre juristas y constitucionalistas, quienes advierten que podría sentar un precedente peligroso respecto al cumplimiento de las sentencias judiciales por parte de organismos autónomos.

La defensa de Espinoza presentará esta semana un recurso de ejecución judicial para que el juez Torres Tasso exija el cumplimiento del fallo, incluso con medidas coercitivas. De persistir el desacato, podría solicitarse la intervención del Ministerio Público y del Poder Judicial para garantizar la restitución.

Mientras tanto, la JNJ sigue adelante con su proceso disciplinario y ha convocado nuevas declaraciones para noviembre, pese a que el mandato judicial ordenaba su suspensión inmediata.