La suspendida fiscal suprema Delia Espinoza instó este lunes al Congreso de la República a actuar con “objetividad e imparcialidad” antes de someter a votación la denuncia constitucional que propone su inhabilitación por diez años para ejercer cargo público. La funcionaria, quien actualmente se encuentra suspendida de su cargo, envió una carta al congresista Waldemar Cerrón, presidente de la Comisión Permanente, en la que sostiene que las acusaciones en su contra carecen de sustento y no se ajustan a los hechos.

En su comunicación, Espinoza argumenta que las imputaciones formuladas en el informe final aprobado por la Comisión Permanente “no cuentan con respaldo jurídico” y que ya presentó documentos que —según afirma— demuestran que actuó dentro del marco de la ley. La denuncia constitucional 528 la acusa de presuntas infracciones a la Constitución y de delitos como abuso de autoridad, prevaricato, usurpación de funciones y falsedad genérica.

Espinoza cuestiona que, pese a haber entregado pruebas y medios probatorios, el informe mantenga cargos que considera infundados. Por ello, pidió al Pleno del Congreso que su decisión se base estrictamente en los elementos del expediente y no en presiones políticas o interpretaciones ajenas al derecho.

La fiscal suspendida recordó que la votación en el Pleno tendrá un impacto más allá de su situación personal. Sostuvo que el proceso “compromete la autonomía y la independencia del Ministerio Público y del sistema de justicia”. Añadió además que la decisión es seguida de cerca por organizaciones nacionales e internacionales que vigilan el respeto a la separación de poderes en el país.

“Lo que resuelva el Parlamento será un mensaje para quienes hoy observan con atención la capacidad del Perú de sostener un sistema de justicia independiente”, advirtió.

Denuncia cuestionada: de incluir a toda la Junta de Fiscales Supremos a solo un nombre

Uno de los puntos más polémicos señalados por Espinoza es que, en su etapa inicial, todos los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos estaban comprendidos en la misma denuncia. Sin embargo, en la versión final del informe —presentado para su debate en el Pleno— se decidió impulsar la acusación únicamente contra ella.

La fiscal ve esta decisión como una señal de arbitrariedad y pide a los congresistas reflexionar sobre la necesidad de una votación técnicamente sustentada y libre de sesgos.

Lo que sigue en el Congreso

El informe aprobado por la Comisión Permanente recomienda:

• La inhabilitación por diez años de Delia Espinoza por presunta infracción constitucional.
• La formulación de una denuncia penal por los presuntos delitos atribuidos.

El debate en el Pleno será decisivo no solo para el futuro de la fiscal, sino también para el clima político e institucional en torno a la Fiscalía de la Nación, que en los últimos meses ha atravesado un periodo de alta tensión, suspensiones, restituciones judiciales y enfrentamientos con el Poder Legislativo.

Mientras tanto, Espinoza sostiene que su actuación fue legítima y pide que la votación no se base en juicios políticos sino en la evidencia presentada. El Congreso, ahora bajo la mirada del país y de la comunidad internacional, tendrá la última palabra.