La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, reveló que presentará una acción de amparo para revertir la inhabilitación política de diez años impuesta por el Congreso de la República. El Parlamento la sancionó por presuntamente participar en la aprobación de un reglamento que, según la acusación, “desacató” la Ley 32130, norma que establece el liderazgo de la Policía Nacional en las investigaciones preliminares de delitos.

Espinoza sostiene que la decisión legislativa no solo vulnera su derecho a la defensa, sino también la independencia funcional del Ministerio Público, al convertir su proceso en una advertencia política para todos los operadores de justicia del país.

“Esto amerita una acción de amparo. Tarde o temprano, volveré, a pesar de los atropellos de los que estoy sufriendo”, afirmó.

Inhabilitación cuestionada y alegatos sobre debido proceso

La denuncia contra Espinoza se basó en la publicación de la Resolución N.° 2246-2024-MP-FN, considerada por el Congreso como una contravención a la Ley 32130. Dicha resolución habría permitido a la Fiscalía continuar asumiendo liderazgo en las investigaciones, pese a que el Parlamento ordenó que la PNP encabece esta etapa.

Sin embargo, Espinoza sostiene que no firmó la resolución. Tampoco —afirma— participó en la formulación ni aprobación del reglamento cuestionado, lo que la excluiría de responsabilidad directa:

• La resolución no lleva su firma.
• No hubo reunión de Junta de Fiscales Supremos para aprobar el reglamento.
• La competencia recaía exclusivamente en el fiscal de la Nación de ese momento, Juan Carlos Villena.

No obstante, y pese a que la acusación constitucional también incluía a Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, el Parlamento solo logró los votos para inhabilitarla a ella.

“Ellos han dado un mensaje clarísimo: “O te sometes o te vas”, sentenció Delia Espinoza en conversación con los medios de prensa.

Denuncia por transmisión apagada y restricciones a la defensa

Espinoza recordó que durante la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se apagó la transmisión pública cuando su entonces abogado, Samuel Abad, ejercía su defensa.

La exfiscal sostiene que este hecho constituye una violación al principio de publicidad de las actuaciones parlamentarias y una limitación grave al ejercicio del derecho de defensa.

Modificación del Código Procesal Constitucional: un cerco procesal

El abogado de Delia Espinoza, Rodolfo Pérez, advirtió que el Congreso aprobó en octubre de 2024 la Ley 32153, una modificación del Código Procesal Constitucional que introduce cambios que complicarán el retorno inmediato de la fiscal incluso si gana el amparo.

Según la nueva norma:

• Todas las acciones de amparo contra el Congreso deben presentarse ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema.
• Si la Sala falla a favor de Espinoza, el Parlamento puede apelar.
• Hasta que la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema no resuelva la apelación, la reposición no se ejecuta.

El litigio, advierte Pérez, podría extenderse durante meses.

“Obviamente, esto lo hacen para ganar tiempo y evitar que su decisión sea públicamente cuestionada y puesta en evidencia”, sostuvo.