Delia Espinoza, actual fiscal de la Nación, rompió su silencio y denunció públicamente un intento de golpe institucional tras la controvertida resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que busca reponer en el cargo a la fiscal Patricia Benavides. En una declaración contundente, Espinoza calificó la maniobra como una amenaza directa a la institucionalidad democrática del país.
El pronunciamiento se dio luego de que Benavides ingresara sorpresivamente este lunes 16 de junio a la sede principal del Ministerio Público, acompañada de abogados y policías vestidos de civil, con la intención de retomar el despacho de la Fiscalía de la Nación. La situación generó tensión y confusión entre los trabajadores de la institución, así como en el entorno político nacional.
“Hoy, lunes 16 de junio, se está llevando a cabo un golpe a la democracia. Yo, Delia Milagros Espinoza Valenzuela, fiscal de la Nación, fui elegida por la Junta de Fiscales Supremos. (…) Hoy se pretende sacarme por la fuerza del cargo al que fui constitucionalmente designada. Alertamos a la comunidad nacional e internacional que esto parecería ser el primer paso de un golpe al Estado democrático del país”, sostuvo Espinoza Vargas en su mensaje publicado a través de las redes sociales del Ministerio Público.
Espinoza denunció además que, desde tempranas horas de la mañana, su seguridad personal fue retirada sin explicación alguna, dejando vulnerable no solo a su integridad, sino también a la del personal que labora en la Fiscalía. La funcionaria responsabilizó directamente al Ministerio del Interior, liderado por Carlos Malaver, por esta medida que consideró como parte de una operación orquestada para debilitar su gestión.
“El retiro de mi seguridad sin previo aviso representa una amenaza no solo a mi persona, sino a la estabilidad de nuestra institución”, señaló Espinoza, quien también hizo un llamado de alerta a la comunidad nacional e internacional para que vigilen atentamente el desarrollo de los hechos.
Delia Espinoza recibe el respaldo de los trabajadores del Ministerio Público
Paralelamente, trabajadores del Ministerio Público —fiscales y personal administrativo— expresaron su respaldo a Espinoza. Un numeroso grupo se reunió en el noveno piso del edificio institucional para expresar su apoyo, en medio de la creciente preocupación por lo que consideraron un acto de imposición arbitraria por parte de Benavides.
Los hechos ocurrieron apenas horas después de que la JNJ notificara la restitución de Benavides en su cargo. Sin embargo, la medida ha sido cuestionada por múltiples sectores que recuerdan que la exfiscal fue destituida en mayo de 2024 por decisión del mismo organismo, al ser hallada responsable de faltas muy graves. Entre ellas, la remoción irregular de la fiscal Bersabeth Revilla, quien investigaba a su hermana, la jueza Enma Benavides.
Llegada de Patricia Benavides al Ministerio Público con cordón de seguridad
En su llegada al Ministerio Público, Patricia Benavides evitó el control de ingreso y accedió directamente a los ascensores. Desde allí, junto a su equipo legal, se dirigió a las oficinas donde opera la actual fiscal Espinoza. La presencia de Benavides en el recinto, sin coordinación ni autorización previa, generó un ambiente de incertidumbre institucional.
La tensión institucional persiste mientras se espera una posición oficial por parte del Consejo de Fiscales Supremos y del propio Ministerio Público, que hasta el momento no ha recibido formalmente la resolución de reposición emitida por la JNJ.
El escenario actual refleja una grave crisis dentro del sistema judicial peruano, con dos fiscales disputando un mismo cargo clave en el aparato del Estado. La comunidad jurídica, organismos de derechos humanos y actores políticos han comenzado a pronunciarse, alertando sobre los riesgos que esto implica para la autonomía del Ministerio Público y la vigencia del Estado de derecho en el Perú.