La fiscal suprema Delia Espinoza ha solicitado formalmente a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la suspensión preventiva por 36 meses de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien enfrenta una investigación por presuntamente liderar una organización criminal dentro del Ministerio Público. Esta solicitud marca un nuevo capítulo en la crisis institucional que ha remecido al sistema de justicia peruano.

La petición de Espinoza busca apartar temporalmente a Benavides de su cargo como fiscal suprema titular, posición que mantiene a pesar de haber sido suspendida en diciembre de 2023 como fiscal de la Nación. La fiscal argumenta que su permanencia en el cargo representa un riesgo para el desarrollo de las investigaciones, ya que podría influir en testigos o interferir en la recopilación de evidencias clave.

Según la hipótesis fiscal, Benavides habría liderado una red de coordinación política con congresistas para promover decisiones legislativas que respondan a intereses personales. Entre estas acciones se menciona la inhabilitación de los miembros de la JNJ, la destitución de la exfiscal Zoraida Ávalos y la polémica elección del actual defensor del Pueblo, todas decisiones que habrían sido parte de un esquema de intercambio de favores.

La solicitud de suspensión no implica una sanción definitiva, pero sí una medida cautelar que busca asegurar el desarrollo independiente de las diligencias. La Junta Nacional de Justicia tendrá que evaluar si los argumentos presentados por Espinoza y los elementos probatorios que sustentan el pedido justifican apartar a Benavides del cargo mientras dure la investigación disciplinaria y penal.

Patricia Benavides, por su parte, ha negado reiteradamente todas las acusaciones en su contra. En declaraciones recientes, calificó las indagaciones como parte de una persecución política orquestada por sectores interesados en neutralizar su trabajo como fiscal de la Nación. Además, ha anunciado que continuará defendiendo su inocencia en todas las instancias correspondientes.

El caso genera especial atención no solo por la gravedad de los cargos, sino por el nivel jerárquico de la funcionaria investigada. Se trata de la primera vez en la historia reciente del Perú que una exfiscal de la Nación enfrenta una solicitud de suspensión de esta naturaleza por delitos vinculados a una presunta red criminal en el interior del propio Ministerio Público.

Organismos de la sociedad civil y expertos en derecho han destacado la importancia de que la JNJ actúe con independencia, considerando que su legitimidad ha sido cuestionada en los últimos meses por el Congreso, que ha intentado destituir a sus integrantes en medio de este escándalo.

La resolución que tome la JNJ será clave no solo para el futuro de Benavides, sino también para la credibilidad del sistema judicial peruano. El país atraviesa una etapa de fuerte confrontación institucional, donde el poder político, el judicial y los organismos de control parecen atrapados en una lucha por el control de espacios de poder.

Mientras tanto, la ciudadanía observa con preocupación cómo los conflictos internos entre altos funcionarios judiciales y políticos afectan la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del Estado de derecho.