El Poder Judicial, a solicitud de la Fiscalía Provincial Corporativa contra la Criminalidad Organizada de La Libertad, dictó 36 meses de prisión preventiva contra Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’, presunto cabecilla de una red criminal implicada en la masacre de 13 trabajadores mineros en la provincia de Pataz, región La Libertad.
La medida fue obtenida por la fiscal Magdalena Cisterna Burga, titular del Equipo 2 de la Fiscalía Especializada, ante el Juzgado Mixto de Investigación Preparatoria de Parcoy, durante una audiencia celebrada el miércoles 21 de mayo. Esta decisión constituye un paso clave en el proceso de extradición del investigado, actualmente detenido en Colombia.
Rodríguez Díaz es sindicado como presunto autor de los delitos de organización criminal, sicariato, homicidio calificado y lavado de activos. La Fiscalía lo responsabiliza de haber dirigido el asesinato de 13 trabajadores que cumplían funciones de seguridad en bocaminas pertenecientes a la Compañía Minera Poderosa, en una acción criminal que generó amplio repudio social y fue condenada incluso por la presidenta Dina Boluarte.
Extradición en marcha
El Ministerio Público, a través de su Oficina de Cooperación Judicial Internacional, coordina con su par colombiana la formalización del pedido de extradición. En las próximas horas, las autoridades peruanas remitirán la solicitud oficial de detención preventiva con fines de extradición, en base al tratado bilateral vigente entre ambos países.
La detención de ‘Cuchillo’ se produjo el pasado 15 de mayo en el aeropuerto de Colombia, gracias a un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y fuerzas del orden colombianas. La operación marcó un golpe importante contra las estructuras delictivas que operan en zonas mineras del norte peruano.
La defensa de Miguel Rodríguez ‘Cuchillo’
Pese a las graves imputaciones, Miguel Rodríguez niega toda responsabilidad. En una entrevista con el programa Cuarto Poder, declaró que se encuentra siendo víctima de una confusión. “Me están confundiendo con otra persona. Tengo pruebas para demostrar mi inocencia”, aseguró. Añadió que abandonó el país por temor a represalias tras allanamientos policiales en sus propiedades en Casma, a pesar de no tener en ese momento una orden de captura.
Rodríguez sostiene que ya cumplió en el pasado una condena de siete años y que no desea volver a prisión. En su defensa, responsabilizó a sectores empresariales como la Compañía Minera Poderosa y a ciertos medios de comunicación de haber influido en su incriminación mediática. “Yo nunca mandé a matar a nadie”, afirmó tajantemente.
El caso ha polarizado a la opinión pública. Mientras el Ministerio Público lo retrata como líder de una organización criminal que usa la violencia para controlar zonas auríferas, sus familiares y vecinos lo defienden. Algunos residentes de Casma lo describen como una persona “solidaria”, recordando que financió obras comunitarias como una losa deportiva y mejoras en postas médicas.
Esa doble cara le ha valido el apodo de “El Pablo Escobar de Casma”, en alusión al famoso narcotraficante colombiano que también realizaba obras sociales para ganar apoyo popular.
Su hermana, junto a otros allegados, sostiene que Rodríguez es blanco de una persecución política y mediática. “Lo están culpando sin pruebas claras”, expresaron públicamente.
