Este jueves 15 de mayo, el Ministerio Público a través de sus redes sociales, informó que ha presentado una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, por ser la presunta autora del presunto delito de lesiones leves y graves contra los ciudadanos Ronald Rojas, Michael Chipana y otros ciudadanos quienes fueron víctimas en las protestas sociales contra el Gobierno de la mandataria.
En ese sentido, la Fiscalía de la Nación a través del Área Especializada de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales decidió tomar esta decisión para presentar ante el Congreso de la República dicha acusación constitucional para que los miembros de la SubComisión de Acusaciones Constitucionales tomen una postura al respecto frente a las imputaciones que recaen contra Boluarte Zegarra.
Asimismo, esta denuncia recae contra el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, a los exministros de Defensa, Alberto Otárola y Jorge Chávez Cresta, a los extitulares de la cartera del interior, César Cervantes, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández.
El Ministerio Público sostiene que Dina Boluarte junto a sus exministros de Estado son los presuntos autores de dicho acto punible que perjudicaron a los ciudadanos Ronald Rojas Ramos, Michael Chipana Vega, entre otros.
¿Por qué la Fiscalía decidió acusar constitucionalmente a Dina Boluarte?
Según la Fiscalía esta imputación se realiza en el marco de las indagaciones de las protestas sociales registradas en diciembre de 2022 e inicios del año siguiente. Las autoridades del Ministerio Público informaron que estas protestas sociales tuvieron lugar en regiones como Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco y Puno. Así como también en Lima Metropolitana.
La Fiscalía de la Nación en su comunicado aseguró en dicho documento que en estas ciudades aproximadamente 75 personas resultaron afectadas producto del desproporcionado uso de la fuerza ejercida por los efectivos de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas. Añadieron que los investigados tenían pleno de conocimiento del acontemientos de los hechos.
“La imputación está vinculada a las protestas sociales producidas en el periodo comprendido entre el 7 de diciembre de 2022 y 9 de febrero de 2023 en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco y Puno. Así como en Lima Metropolitana; identificándose a 75 víctimas por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública ejercida por la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, hechos que fueron de pleno conocimiento de los investigados”, se lee parte del comunicado.
