La presidenta de la República, Dina Boluarte, enfrenta un nuevo proceso político. La congresista Ruth Luque, integrante del Bloque Democrático Popular (BDP), ha presentado una denuncia constitucional contra la mandataria y el actual ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, por la aprobación de un polémico reglamento que incorpora la figura del “Reinfo hereditario”.

El contexto no es menor. El país aún se encuentra consternado por la tragedia ocurrida en Pataz, donde fallecieron más de una decena de personas vinculadas a actividades mineras informales. En este escenario, la normativa firmada por el Ejecutivo ha sido duramente criticada por expertos, opositores políticos y defensores del medio ambiente.

¿Qué es el “Reinfo hereditario” y por qué genera controversia?

El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) permite que mineros informales inicien su proceso de legalización. Sin embargo, la nueva disposición aprobada el domingo por el Ejecutivo amplía el plazo para dicho proceso e introduce el Reinfo hereditario, una figura legal que permite heredar la inscripción en el registro, incluso mediante la creación de una empresa si hay varios herederos.

Según la congresista Luque, esta modificación “trasgrede la ley y el régimen de tratamiento de los recursos naturales”, ya que prolonga la informalidad minera, un problema que ha generado múltiples impactos negativos en la seguridad, salud y medio ambiente en diversas regiones del país.

Denuncia constitucional con fuerte carga política

La denuncia constitucional presentada por Luque acusa tanto a Boluarte como a Montero de haber cometido infracciones a la Constitución, al facilitar normativamente la continuidad de la minería informal. En su acusación, la parlamentaria solicita una inhabilitación de hasta 10 años para ambos funcionarios, impidiéndoles ejercer cargos públicos.

Este nuevo frente judicial para Boluarte se suma a otras investigaciones abiertas en su contra, aunque ninguna ha prosperado hasta ahora. Cabe recordar que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que deberá evaluar esta denuncia, está liderada por la congresista María Acuña, del partido Alianza Para el Progreso (APP), una agrupación que ha mostrado afinidad con el Gobierno en diversas votaciones clave.

El lunes, tras conocerse la polémica resolución, la Junta de Portavoces del Congreso abordó un proyecto de ley presentado por Acción Popular que buscaba prohibir nuevas ampliaciones del Reinfo. No obstante, siete bancadas votaron en contra de que esta propuesta pase directamente al Pleno, lo que refleja la fragmentación del Legislativo en torno al tema.

Aunque el Congreso fue quien inicialmente aprobó la ley que permite la ampliación del Reinfo, el Ejecutivo ha quedado en el centro de la crítica por la forma en que reglamentó su aplicación, especialmente por permitir la herencia del proceso de formalización minera, algo que muchos consideran un retroceso en la lucha contra la minería ilegal.

¿Cuál es el panorama para Dina Boluarte?

Aunque el camino hacia una eventual inhabilitación de Boluarte es largo y pasa por varias etapas en el Congreso, el solo hecho de enfrentar un nuevo juicio político por infracciones constitucionales debilita aún más su ya frágil legitimidad. La situación será observada de cerca por organismos internacionales, colectivos ciudadanos y medios de comunicación.

Este caso podría marcar un nuevo precedente en el tratamiento político y legal de los procesos de formalización minera en el Perú, y pondrá a prueba, una vez más, la independencia y el equilibrio de poderes dentro del Estado peruano.