El Congreso de la República inició el procedimiento para interpelar al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y al titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, luego de que ambos no acudieran a la Comisión de Fiscalización para explicar el reciente aumento del salario presidencial.

El titular de la comisión, Juan Burgos (Podemos Perú), anunció el viernes pasado que se recolectarían firmas para interpelar a los ministros por su responsabilidad en la promulgación del Decreto Supremo N.º 136-2025-EF, que eleva el sueldo de la presidenta Dina Boluarte de S/16,000 a S/35,568 mensuales. Esta medida, oficializada el 4 de julio, ha generado un amplio rechazo ciudadano y parlamentario.

Burgos calificó el tema como un “asunto de interés nacional”, especialmente por el contexto de crisis económica que enfrenta el país. A su moción se han sumado congresistas como Pasión Dávila, Margot Palacios, Hilda Portero, Segundo Acuña, Carlos Zeballos, Isaac Mita y Edgard Raymundo. A la par, diez legisladores han presentado proyectos de ley para derogar el aumento salarial de la mandataria.

Según el Reglamento del Congreso, una moción de interpelación requiere el respaldo de al menos el 15 % del número legal de congresistas, equivalente a 33 firmas. Esta debe incluir un pliego de preguntas y será evaluada en la siguiente sesión del Pleno. Si se admite, se fijará fecha y hora para que los ministros comparezcan.

Los funcionarios deberán asistir entre el tercer y décimo día hábil tras la admisión. De no convencer con sus respuestas, el Parlamento podría iniciar una moción de censura.

Con esta acción, el Legislativo intensifica el control político sobre el Ejecutivo y pone en la mira a los responsables directos del controvertido aumento presidencial, cuya legalidad y oportunidad siguen siendo cuestionadas por diversos sectores.

Dina Boluarte asegura que su gestión trabaja con “transparencia” pero no se refirió a su tarjeta de consumo por S/5.000 para alimentación

Durante la ceremonia de bienvenida a 100 jóvenes talentos que se incorporan al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la presidenta Dina Boluarte reafirmó su discurso sobre transparencia y lucha contra la corrupción, presentándose como abanderada de un “gobierno decente y honesto”. Sin embargo, sus recientes apariciones públicas han estado marcadas por evasivas ante las crecientes críticas por sus ingresos y beneficios personales financiados con recursos del Estado.

“Bien sabemos que cada adenda era signo de corrupción. Aquí, obra iniciada, obra terminada y entregada al servicio del pueblo peruano. Somos un gobierno decente, honesto y trabajamos en esa lucha frontal contra la corrupción”, afirmó Boluarte desde la sede ministerial, buscando distanciarse de gestiones anteriores.

La presidenta señaló que su administración reacciona con firmeza ante cualquier indicio de irregularidad en el aparato estatal. “Quizá por ahí todavía esté alguna situación. Inmediatamente nos enteramos, pedimos que intervenga Contraloría, pero no solamente que intervenga para mirar cómo está, sino que también haga las denuncias que correspondan”, sostuvo.

No obstante, mientras sostiene un discurso institucional sobre transparencia, Boluarte evita pronunciarse sobre temas controversiales que la involucran directamente. En su reciente conferencia de prensa, la primera en varios meses, se abstuvo de comentar sobre la denuncia presentada por su ministro del Interior, Juan José Santiváñez, contra la periodista Mónica Delta y el canal Latina, en un caso que ha reavivado el debate sobre libertad de prensa en el país.

Además, evitó responder con claridad cuando se le consultó sobre el incremento de su sueldo presidencial a S/35,568 mensuales, aprobado mediante decreto supremo en el Consejo de Ministros y que la convierte en la funcionaria mejor remunerada del aparato estatal. “Cada uno debe ganar lo que merece y en el Estado lo que rige es la transparencia”, fue su breve comentario, sin entrar en detalles sobre la legalidad del incremento, que podría vulnerar el tope establecido por la Ley 28212.