Esta investigación se centra en la desactivación del Equipo Especial de la Policía que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).
La defensa legal de Dina Boluarte presentó un pedido de control de plazos ante el Poder Judicial, argumentando que se ha vulnerado el principio de legalidad procesal y el derecho al plazo razonable. En caso de que el magistrado no falle a su favor el próximo miércoles 23 de octubre, cuando se realizará la audiencia virtual, Portugal ha señalado que acudirán al TC, máximo órgano encargado de la interpretación y control de la constitucionalidad en el país.
Cuestionamiento sobre la ampliación del plazo de investigación
Portugal explicó que, según la ley, la investigación contra Dina Boluarte debía concluir en un plazo de 60 días debido a su cargo como presidenta, conforme al artículo 99 de la Constitución. Sin embargo, el Ministerio Público solicitó una ampliación del plazo por ocho meses, una medida que, según el abogado, carece de validez.
“La presidenta se investiga durante 60 días, no por ocho meses como interpreta el Ministerio Público”, señaló Portugal en declaraciones a Las cosas como son de RPP. Además, destacó que hubo discrepancias entre los fiscales Juan Carlos Villena y Pablo Sánchez, lo que derivó en la ampliación de la investigación preliminar 15 días después de su vencimiento, el 9 de julio, extendiéndola de manera extemporánea el 24 de julio.
Dina Boluarte se presentará en el Ministerio Público
La mandataria ha confirmado que acudirá este jueves 10 de octubre al Ministerio Público para rendir su declaración en el marco de la investigación que también incluye a la extitular del Ministerio Público, Patricia Benavides. A pesar de tener la opción de guardar silencio, Portugal aseguró que Dina Boluarte declarará.
Este proceso se inició luego de que Jaime Villanueva, exasesor de Benavides, afirmara que la exfiscal de la Nación solicitó a la mandataria no remover al general PNP Raúl Alfaro como Comandante General de la Policía Nacional, a cambio de no presentar una denuncia constitucional en su contra ante el Congreso.
La Fiscalía de la Nación investiga estos hechos por presuntos delitos de cohecho activo genérico y cohecho pasivo propio en agravio del Estado.