Durante la ceremonia de graduación de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú, la presidenta Dina Boluarte expresó un enfático respaldo a la controvertida ley de amnistía para policías y militares, y rechazó públicamente la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en asuntos internos del país. Sus declaraciones reafirman la postura del Gobierno frente a las advertencias internacionales sobre el riesgo de impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos.
Boluarte inició su intervención con una defensa del orden constitucional:
“Vivimos en un país democrático, y desde aquel 7 de diciembre del año 2022, el mandato se ejerce de acuerdo a la Constitución y las leyes”, señaló. Luego, fue tajante al advertir sobre la posición del Ejecutivo frente a la Corte IDH:
“El Perú es libre e independiente. No somos colonia de nadie y no permitiremos la intervención de la Corte Interamericana, que pretende suspender un proyecto de ley que busca justicia para nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. No lo vamos a permitir”, subrayó la mandataria.
Las declaraciones surgen en respuesta directa a la orden de la Corte IDH de suspender el trámite de la ley de amnistía, invocando casos emblemáticos como Barrios Altos y La Cantuta, en los cuales el Estado peruano fue hallado responsable por crímenes de lesa humanidad. Además, el tribunal internacional ha convocado a una audiencia pública para el 21 de agosto de 2025, donde participarán representantes del Estado, las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Gobierno de Dina Boluarte marca una postura contra la Corte IDH
Desde el Gobierno, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) emitió un comunicado en el que cuestiona las competencias de la Corte IDH, afirmando que sus disposiciones “contravienen el derecho internacional” y vulneran el principio de soberanía nacional. “La Corte no tiene la facultad de sustituir a las autoridades nacionales ni de intervenir en materias aún no resueltas en sede interna”, se lee en el documento.
La ley de amnistía propone eximir de responsabilidad penal a policías, militares y miembros de los comités de autodefensa involucrados en denuncias o sentencias por violaciones graves a los derechos humanos durante la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, organismos de derechos humanos y sectores de la sociedad civil advierten que esta medida vulnera el derecho de las víctimas a la justicia y pone en peligro los avances en verdad y reparación logrados tras décadas de lucha.
A pesar de las críticas, Boluarte cerró su discurso con un llamado a la unidad nacional:
“Somos defensores de los derechos humanos y esta posición del Gobierno es soberana y justa. Buscamos paz, estabilidad y desarrollo para nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Y ese desarrollo va de la mano con la justicia que merecen nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”.
El pronunciamiento presidencial ha generado un nuevo capítulo en la ya tensa relación entre el Gobierno peruano y el sistema interamericano de derechos humanos.
