En la mayoría de denuncias por los falsos operativos, se nombra a un tal “Rocky”, acusado de ser el que captaba las víctimas, además de informante.
Entre 2022 y 2023, sin embargo, se comenzaron a recibir varias denuncias por falsos operativos policiales, siembra de pruebas y extorsiones por parte de agentes policiales que contaban con “informantes” y “agentes especiales” no identificados ni consignados en las carpetas. Peor aún, dichos operativos no formaban parte de ninguna investigación formal, ya que una vez realizados, los policías que intervenían “convenían” con los detenidos para que el resultado de la intervención no fuera auditable por la autoridad fiscal. Todo ello a cambio de un pacto corrupto del “arreglo” para que “no pase nada”. Pero sí pasó.
Los intervenidos denunciaron dichas maniobras ilegales, algunas de las cuales eran producto de “sembrados” y otras de una manipulación grosera y delictiva de los resultados de la investigación, lo que hacía intolerables tales conductas. En la mayoría de los casos, la participación del conocido como “Rocky” era evidente. Se trataba de un civil que, además de ser informante, actuaba como captador de oportunidades y fabricante de escenarios que hacían posibles estas intervenciones policiales fraudulentas. Peor aún, en algunas ocasiones se hacía pasar por “el capitán Flores” y en otras como “el capitán Vargas Machuca”.
En todas ellas, la participación de un alto mando el comandante Eugenio Vallejos Salazar, jefe de la DEPINCRI Sur, junto con un grupo de policías corruptos que, a cambio de puntajes de ascenso y dinero, producían operativos policiales ajenos a la verdad, fabricando evidencias y sometiendo a extorsiones a los implicados. Algunos de ellos, como los intervenidos en el caso del banco BCP de Villa El Salvador, fueron condenados a 19 años de pena privativa de libertad, con la anuencia y complicidad omisiva de fiscales y jueces que prefirieron mirar para otro lado y no cumplir con sus obligaciones.
Jueces y fiscales también deben ser destituidos
Otro aspecto que debe llamarnos la atención es la ignominia de jueces y fiscales de todos los niveles, quienes sin duda deben ser sancionados, incluso con la expulsión del cargo, pues permitieron, con su desinterés por los dichos de los intervenidos y su negativa a aceptar los hechos que los incriminaban —al punto de ofrecerles beneficios por aceptar los cargos—, que estos fueran condenados a 19 años de cárcel.
Un país que tolera estos hechos, donde inocentes purgan condenas de muchos años por delitos inventados por la policía, es un país que no tiene futuro, a menos que todos ellos entre policías, jueces y fiscales, sean expulsados de la administración de justicia.
“Ellos son el cáncer que amenaza con destruirnos como sociedad”.