El reciente pase al retiro de los coroneles Harvey Colchado y Walter Lozano, anunciado el 16 de diciembre de 2024, se hizo realidad con la firma del ministro del Interior Juan José Santivañez.

Ambas decisiones se harán efectivas el 1 de enero de 2025 y se han justificado con la causal de «renovación de cuadros» y la imposibilidad de asignarles cargos específicos debido a su antigüedad, especialidad funcional o perfil profesional.

El caso de Colchado, en particular, ha sido calificado por su abogado como una «venganza» que refleja un abuso de poder y una falta de racionalidad. Con ocho años de servicio, el coronel Colchado ha ascendido por méritos propios, lo que cuestiona la afirmación de que no tiene un cargo adecuado en la estructura de la PNP. Este tipo de decisiones parece ignorar el esfuerzo y la dedicación de los oficiales que buscan avanzar en base a su profesionalismo y desempeño.

En lugar de promover el mérito y la profesionalización, este tipo de acciones parece centrarse más en la purga de quienes no se alinean con ciertos intereses internos o externos, lo que podría afectar la moral y la efectividad de la institución. Cabe resaltar, el pase para el retiro no tiene el argumento de una sanción en el caso del coronel Colchado.

El pase al retiro de figuras como Colchado y Lozano podría interpretarse como la falta de un proceso transparente y justo. En una institución encargada de velar por la seguridad y el orden público, es esencial que los procesos de ascenso y retiro sean claros y estén basados en criterios objetivos, no en intereses políticos o personales. Es urgente que la Policía Nacional del Perú revise su enfoque hacia la gestión del talento dentro de sus filas, para evitar que las decisiones como estas sigan afectando la moral y el desempeño de sus oficiales más comprometidos.

Sin lugar a dudas, estos hechos acrecentará los argumentos de la defensa legal de Colchado y podría perjudicar las investigaciones en las que el Ministro del Interior y la presidenta Dina Boluarte están inmersos como es el caso Waikys en la Sombra por el presunto deseo de la mandataria de acallar a quien, con orden judicial, allanó su vivienda.