La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC) ha iniciado un proceso disciplinario de 60 días hábiles contra el fiscal José Domingo Pérez Gómez, integrante del equipo especial Lava Jato, por su actuación en el denominado caso Cócteles, investigación que involucró a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por presunto lavado de activos.
La medida fue dispuesta mediante resolución firmada por el jefe de la ANC, Juan Antonio Fernández Jerí, quien sustentó la apertura del procedimiento en una presunta infracción al numeral 13 del artículo 47 de la Ley N.º 30483, Ley de Carrera Fiscal, que regula las faltas graves en el ejercicio de las funciones de los fiscales.
El origen del proceso: la apelación en el caso Cócteles
Según la resolución administrativa, el procedimiento disciplinario se relaciona con la apelación interpuesta por Pérez tras la nulidad de la acusación fiscal en el caso Cócteles, decisión que fue posteriormente revertida por el Tribunal Constitucional (TC) al declarar fundada la demanda de habeas corpus presentada por la defensa de Keiko Fujimori.
El documento detalla que la actuación del fiscal podría haber configurado errores funcionales en la formulación o sustentación de la acusación, lo que, de confirmarse, constituiría una falta disciplinaria de carácter grave dentro del Ministerio Público.
La Autoridad Nacional de Control sostiene que este tipo de actuaciones deben ser evaluadas por su impacto en la correcta administración de justicia y en la observancia de los procedimientos procesales establecidos por la ley.
Keiko Fujimori y el fallo del Tribunal Constitucional
El caso “Cócteles” giraba en torno a los presuntos aportes irregulares de empresarios a las campañas presidenciales de Keiko Fujimori en 2011 y 2016. Según el Ministerio Público, dichos aportes habrían provenido de Odebrecht y otras empresas vinculadas al caso Lava Jato, y fueron canalizados a través de actividades de recaudación denominadas “cocteles partidarios”.
Sin embargo, en febrero de 2024, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de habeas corpus presentada por la defensa de Fujimori, argumentando que la investigación vulneró el principio de legalidad y el derecho al plazo razonable. Con este fallo, el TC dejó sin efecto la acusación fiscal y anuló el juicio oral en su contra.
El fallo provocó reacciones divididas: mientras sectores fujimoristas celebraron el archivo del proceso como una reivindicación jurídica, voces del ámbito judicial y político criticaron que el TC actuara como una “cuarta instancia” del Poder Judicial, debilitando la independencia del Ministerio Público.
Los descargos del fiscal José Domingo Pérez
Dentro de las diligencias dispuestas, la ANC otorgó a José Domingo Pérez un plazo de cinco días hábiles para presentar su informe de descargos, en el que deberá responder sobre las presuntas infracciones atribuidas a su desempeño.
Asimismo, se le ha solicitado consignar su domicilio procedimental, correo electrónico y número telefónico para efectos de notificación oficial. En paralelo, la Autoridad de Control también ha requerido información al equipo especial Lava Jato, del que Pérez forma parte, para recabar antecedentes y documentos sobre su participación en la investigación.
De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, esta medida no implica una sanción inmediata, sino el inicio de una etapa preliminar de investigación interna, que podría derivar en una amonestación o, en casos graves, en la suspensión o destitución del cargo.
La apertura del proceso disciplinario contra Pérez ocurre en un contexto de tensión entre el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional, tras los recientes fallos que han favorecido a líderes políticos investigados por corrupción, entre ellos Keiko Fujimori y algunos exfuncionarios vinculados al caso Lava Jato.
El fiscal José Domingo Pérez ha sido una de las figuras más visibles del equipo Lava Jato, conocido por su participación en los procesos contra expresidentes como Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski.
Su actuación ha generado tanto apoyo ciudadano por su lucha contra la corrupción como críticas de sectores políticos que lo acusan de parcialidad.
