El Ministerio Público ha iniciado una nueva investigación preliminar contra el jefe de la Autoridad Nacional de Control del propio Ministerio Público (ANC-MP), Juan Antonio Fernández Jerí, por presuntos delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad, falsedad genérica, falsedad ideológica y omisión de actos funcionales.
Esta representa la tercera investigación abierta en su contra y está a cargo del primer despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cercado de Lima, Breña, Pueblo Libre, Rímac y Jesús María. El proceso tendrá una duración de 60 días, periodo en el cual se realizarán diversas diligencias, incluyendo la toma de declaraciones a varios fiscales involucrados.
Entre los convocados a declarar figuran los fiscales José Domingo Pérez, Fany del Rosario García Caro, Rocío Angélica Vences Gonzales, Yesenia Karla Miroslava Saldarriaga Lores de Bacon y Juan Ander Alvites Llanos. Varios de ellos han sido críticos abiertos de la gestión de Fernández Jerí, denunciando lo que consideran abusos en el ejercicio de sus funciones como máxima autoridad disciplinaria del Ministerio Público.
Denuncias por violación de derechos laborales
Fiscales como José Domingo Pérez —miembro del equipo especial Lava Jato— y Fany García Caro han señalado que las sanciones impuestas por la ANC vulneran los derechos de permanencia e inamovilidad en el cargo, establecidos en el artículo III de la Ley de la Carrera Fiscal. En sus denuncias se argumenta que se ha utilizado la figura disciplinaria de manera arbitraria para remover a fiscales incómodos o independientes.
Uno de los datos más llamativos que sustenta estas acusaciones es que, en los últimos 24 meses, un total de 4.349 fiscales habrían sido sancionados bajo la gestión de Fernández Jerí. Este volumen sin precedentes ha encendido las alarmas dentro del propio Ministerio Público, así como en el ámbito judicial y político, al considerar que se podría estar ante un uso abusivo del poder disciplinario.
La figura del jefe de la Autoridad Nacional de Control fue concebida como una instancia autónoma dentro del Ministerio Público para supervisar la conducta funcional de los fiscales. Sin embargo, la acumulación de denuncias e investigaciones contra Juan Fernández Jerí ha generado una paradoja institucional, en la que quien tiene la responsabilidad de controlar y sancionar, ahora se encuentra bajo sospecha de haber excedido sus funciones
Esta tercera investigación será clave para determinar si hubo exceso, arbitrariedad o ilegalidad en la aplicación de sanciones disciplinarias, y si se ha vulnerado el debido proceso en perjuicio de decenas —e incluso miles— de fiscales en todo el país.
Mientras tanto, la tensión en el interior del Ministerio Público continúa en aumento, con sectores que exigen una revisión profunda del accionar de la ANC y otros que piden garantías para preservar su independencia. En tanto, la ciudadanía observa con preocupación cómo los propios órganos de control del Estado enfrentan serias denuncias de corrupción y abuso de poder.
