El vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, expresó su preocupación por las recientes leyes aprobadas en el Congreso y refrendadas por el Ejecutivo, afirmando que estas “atan de manos” a la Fiscalía y al Poder Judicial en su lucha contra el crimen organizado en el país.

En diálogo con un medio local, Víctor Cubas cuestionó las leyes 32181 y 32182, que han generado un intenso debate en el ámbito legal y judicial.

La Ley 32181 deroga la detención preliminar en casos de no flagrancia, mientras que la Ley 32182 penaliza a fiscales y jueces que liberen a personas arrestadas en flagrancia. Según Cubas, estas normas dificultan el trabajo de las autoridades al frenar medidas clave en la persecución del crimen organizado, uno de los mayores flagelos que enfrenta Perú.

“El Ministerio Público y la Policía Nacional están atados de manos en su lucha contra la criminalidad organizada. Estas leyes complican la labor de las instituciones encargadas de combatir este grave problema”, señaló el vocero, quien destacó que el Congreso y el Ejecutivo, al aprobar y refrendar estas leyes, han creado obstáculos para la lucha contra el crimen.

Cubas también planteó la posibilidad de que la Fiscalía presente una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), argumentando que estas leyes son incompatibles con el marco constitucional y las competencias de las instituciones encargadas de administrar justicia. En particular, la Ley 32182, según el vocero, afecta negativamente el proceso penal, ya que la prisión preventiva solo puede solicitarse una vez formalizada la investigación preparatoria, lo que exige contar con suficientes elementos de convicción.

“Con esta ley, se desestructura el proceso penal, ya que la prisión preventiva se solicita solo en un momento posterior al inicio de la investigación. Esto limita nuestras capacidades para actuar rápidamente en casos de flagrancia y de criminalidad organizada”, explicó Cubas.

El pronunciamiento de la Fiscalía resalta el creciente malestar entre los órganos de justicia del país, que temen que estas reformas dificulten aún más la lucha contra la delincuencia organizada, en un contexto donde la violencia y el crimen continúan siendo desafíos clave para las autoridades peruanas.