La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima ha iniciado una investigación preliminar contra quienes resulten responsables por el presunto delito de negociación incompatible, en relación con el nombramiento de Jaqueline Yessenia Lozano Millones como jefa del Centro de Modalidades Formativas del Congreso de la República.
Según información oficial, la fiscal adjunta Djanira Ajalcriña Cáceres ha solicitado al Congreso de la República la entrega de toda la documentación relacionada con el proceso de contratación de Lozano Millones. Esta medida busca esclarecer si existieron irregularidades administrativas o políticas en su designación.
Congreso debe remitir documentos clave sobre el cargo y su creación
La Fiscalía también ha requerido los documentos normativos que respalden la creación, funciones y estructura del Centro de Modalidades Formativas, oficina recientemente impulsada por el Parlamento.
La solicitud incluye reglamentos, resoluciones administrativas, organigramas internos y cualquier documento que demuestre la legalidad y necesidad institucional del cargo ocupado por Lozano Millones.
Hipótesis fiscal: presunto beneficio político vinculado a Alianza para el Progreso
La línea investigativa de la Fiscalía apunta a que la designación de Lozano Millones habría respondido a intereses políticos partidarios, y no a méritos profesionales ni criterios técnicos. La funcionaria está vinculada al partido político Alianza para el Progreso (APP), liderado por César Acuña, lo que ha generado sospechas de uso indebido del aparato estatal para favorecer a militantes o allegados.
Este caso se enmarca dentro de las acciones del Ministerio Público para identificar posibles actos de corrupción dentro de la administración pública, especialmente en procesos de contratación que puedan implicar conflictos de interés o favoritismo político.
La investigación genera preocupación por el uso de cargos públicos como moneda de cambio política, situación que puede socavar la credibilidad institucional del Congreso. En ese sentido, la transparencia en la designación de funcionarios cobra mayor relevancia.
Diversos analistas han señalado la necesidad de que el Parlamento entregue la documentación solicitada con celeridad, y que se aseguren criterios objetivos y meritocráticos en la creación de nuevos puestos públicos.
¿Qué es negociación incompatible?
El delito de negociación incompatible se configura cuando un funcionario público se interesa, directa o indirectamente, en un contrato u operación en los que tiene deber de intervenir por razón de su cargo, generando un conflicto de intereses que puede afectar la imparcialidad de su función.
De comprobarse esta hipótesis, los involucrados podrían enfrentar sanciones penales, inhabilitación para ejercer cargos públicos, y un grave deterioro de su imagen pública.
