El Cuarto Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao consiguió una sentencia determinante en un caso que expone el mal manejo de recursos públicos durante el periodo más crítico de la emergencia sanitaria por Covid-19. Cuatro personas fueron condenadas a cinco años de prisión efectiva por el delito de colusión simple en agravio del Estado, en un hecho ocurrido en marzo de 2020, cuando el país enfrentaba el primer impacto de la pandemia.
La condena recae sobre María Mansilla, exgerente de Abastecimiento de la Municipalidad Provincial del Callao, y Natalia Colmenares, especialista en contrataciones de la misma gerencia, quienes, según la acusación fiscal, se coludieron con los proveedores Edwin Ramón y Juana Ramón para direccionar procesos de compras municipales.
Direccionamiento de compras en plena emergencia sanitaria
De acuerdo con la investigación presentada por el fiscal adjunto provincial Cleyder Gonzalo Ludeña Bernal, las exfuncionarias adulteraron cotizaciones y documentos de expedientes de contratación con el objetivo de simular una supuesta pluralidad de postores. Esto permitió aparentar un proceso regular y otorgar una falsa impresión de transparencia, mientras los contratos se direccionaban hacia las empresas vinculadas a los proveedores ahora sentenciados.
Los bienes adquiridos —alcohol en gel, guantes de látex y mascarillas— eran esenciales para combatir la propagación del virus, especialmente durante el periodo de mayor riesgo. Sin embargo, la manipulación de los procesos generó perjuicio económico al Estado y atentó contra principios fundamentales como legalidad, libre competencia y transparencia, elementos clave en la gestión pública.
Ejecución inmediata de condena e inhabilitación para ejercer cargos públicos
La sentencia dictada establece que las cuatro personas recibirán cinco años de prisión efectiva, cuya ejecución será inmediata. El fallo también dispone que los sentenciados deberán pagar una reparación civil de S/ 100 000 en beneficio del Estado peruano.
Asimismo, tanto las exfuncionarias como los implicados privados quedan inhabilitados por 15 años para ejercer función pública o vincularse con gestiones estatales, marcando un precedente en la sanción de delitos de corrupción.
