La Fiscalía de Puno solicitó 18 meses de prisión preventiva para Yony Cuno, investigado por el presunto delito de feminicidio agravado en agravio de su sobrina de 13 años, en un caso que ha generado profunda conmoción en la región. De acuerdo con las primeras indagaciones, el imputado habría asesinado a la menor y luego arrojado sus restos por un ducto, en un intento por ocultar el crimen.
El requerimiento fue formulado por el fiscal adjunto provincial Edgar Coila Pilco, de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Azángaro, luego de formalizar la investigación preparatoria en este proceso, que ha sido declarado caso complejo debido a la gravedad de los hechos y la cantidad de diligencias pendientes. La audiencia para evaluar la solicitud de prisión preventiva está programada para hoy a las 2:30 de la tarde.
Previamente, el Ministerio Público logró que se dicte detención preliminar judicial contra Johnny Cuno, de 41 años, quien permanece bajo custodia mientras avanzan las investigaciones por el presunto feminicidio agravado. Esta medida permitió asegurar la presencia del imputado y evitar cualquier riesgo de fuga u obstaculización del proceso penal.
Según la carpeta fiscal, la víctima fue reportada como desaparecida el 29 de diciembre de 2025 por sus padres. Días después, las diligencias policiales y fiscales condujeron al hallazgo de restos humanos que corresponderían a la menor. Las primeras hipótesis apuntan a que la adolescente habría sido asesinada y desmembrada, y que partes de su cuerpo fueron arrojadas por un ducto, en un acto que revela un alto grado de violencia y crueldad.
En el marco de la investigación preliminar, el fiscal Coila Pilco dispuso una serie de diligencias urgentes e inaplazables destinadas a esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad penal del imputado. Entre estas acciones se encuentra la recuperación de restos óseos y parte de la cabellera de la víctima, así como la toma de muestras de ADN tanto del investigado como de la menor, con el objetivo de confirmar científicamente la identidad y establecer vínculos directos con la escena del crimen.
Asimismo, se ordenó la realización de pruebas de luminol para detectar posibles rastros de sangre en los lugares donde habrían ocurrido los hechos, además de constataciones fiscales en los inmuebles involucrados. Estas diligencias técnicas buscan reconstruir la secuencia de los acontecimientos y fortalecer la hipótesis fiscal ante el Poder Judicial.
Como parte de la investigación, también se han recabado las declaraciones de los padres de la víctima, quienes denunciaron su desaparición y colaboran con las autoridades, así como el testimonio del imputado y de otras personas que podrían aportar información relevante para el caso. Todos estos elementos serán evaluados en la audiencia de prisión preventiva.
El Ministerio Público sostiene que existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan a Yony Cuno con el presunto feminicidio, así como un alto peligro de fuga y de obstaculización de la justicia, razones por las cuales considera indispensable la imposición de una medida coercitiva severa.
Este caso vuelve a poner en evidencia la crítica situación de violencia contra niñas y adolescentes en el país y refuerza el llamado de las autoridades y organizaciones sociales a fortalecer los mecanismos de prevención, denuncia y protección de menores en situación de riesgo.
La decisión que adopte el Poder Judicial en las próximas horas será clave para el rumbo del proceso penal y para la búsqueda de justicia en uno de los crímenes más impactantes registrados recientemente en la región Puno.
