La denuncia constitucional en contra de la mandataria tiene 33 elementos de convicción que sustentan la comisión del delito de cohecho pasivo impropio.
Este lunes por la tarde, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte ante el Congreso de la República, acusándola de presunto cohecho pasivo impropio. Esta acusación surge a raíz de la recepción de relojes de alta gama y otras joyas del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.
Para la fiscalía existen indicios de que Dina Boluarte “habría incurrido en actos delictivos durante su desempeño funcional como presidenta de la República”. Según el Ministerio Público, la mandataria habría recibido tres relojes Rolex valorizados en US$ 18,250, US$ 26,215 y US$ 20,217, además de un par de aretes de oro con diamantes valuados en US$ 5,512 y una pulsera Bangle con 94 brillantes, de US$ 9,900. Estos objetos fueron incautados desde abril pasado.
La investigación indica que estas joyas fueron recibidas “con el propósito de realizar actos propios de su cargo como presidenta de la República”. Entre los 33 elementos de convicción presentados por la fiscalía se encuentra el testimonio de la abogada Carmen Giordano Velásquez, amiga de Boluarte, quien afirmó haber presenciado la intención de Oscorima de entregarle al menos un Rolex.
El primer ministro Gustavo Adrianzén trató de minimizar la investigación periodística del Caso Rolex en una entrevista con “Panorama”, cuestionando la apertura de la investigación basada en publicaciones en redes sociales. Sin embargo, la fiscalía ha presentado evidencia contundente, incluyendo las boletas de venta emitidas por la Casa Banchero y el acta de allanamiento a la casa de Boluarte, donde se encontró la tarjeta de identificación de la pulsera.
La propia presidenta reconoció ante el Ministerio Público que Oscorima le entregó tres Rolex de manera progresiva, argumentando que fueron prestados en el marco de una amistad personal. “Los relojes fueron prestados de amigo a amiga, en una amistad personal”, declaró Boluarte el 5 de abril pasado.
Además, la denuncia incluye parte de la declaración de Enrique Vílchez, exsecretario general de Palacio, quien afirmó que no es usual que Boluarte reciba en su despacho personal a autoridades regionales o locales. “No recibe en su despacho personal. Hay salas en donde recibe a las autoridades dependiendo si son reuniones de trabajo o actividades oficiales”, señaló a la fiscalía, que ha determinado que la presidenta recibía a Oscorima sin previa cita, en su despacho, un ambiente personal no destinado para las atenciones protocolares.
También se incluye el testimonio de Jéssica Camacho Medina, quien en 2023 se desempeñó como directora general de Presupuesto Público, brindado el 14 de mayo ante la fiscalía. Ella señaló que “principalmente me solicitaba la renuncia por motivos políticos porque el equipo de la presidenta de la República no estaba contento con mi trabajo”.
Otros elementos de convicción son los decretos supremos que autorizan transferencias de partidas a favor de distintos gobiernos regionales, entre ellos el de Ayacucho. La denuncia precisa que entre marzo de 2023 y marzo de 2024 se aprobaron 44 solicitudes de demanda adicional de presupuesto para proyectos de inversión pública del Gobierno Regional de Ayacucho, por un total de S/ 194.8 millones.
“La Secretaría General del Ministerio de Economía y Finanzas, adjuntó el documento denominado ANEXO I Información de solicitudes de demanda adicional del 2022 al 2024, donde informa que el Gobierno regional de Ayacucho ingresó 144 solicitudes, de las que fueron atendidas 44, mediante dispositivos normativos”, consigna el documento fiscal.
