Entre las decisiones más destacadas se encuentran la remoción de Rafael Vela Barba y Jorge Chávez Cotrina de sus cargos como fiscales coordinadores nacionales y la unificación de algunas fiscalías especializadas.
Rafael Vela Barba fue cesado como coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos, cargo que desempeñó durante casi una década y desde el que lideró importantes casos de corrupción. En su lugar, fue designado Mirko Dino Cano Gamero, fiscal adjunto supremo titular, quien ahora asume la coordinación de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio, Lavado de Activos y Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Pese a su remoción, el documento oficial emitido por el Ministerio Público no señala cambios en la dirección del Equipo Especial Lava Jato, que también está a cargo de Vela Barba. Este equipo fue clave en el avance de procesos emblemáticos como el juicio oral contra Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, y la sentencia contra el expresidente Alejandro Toledo. Asimismo, continúa llevando el caso que involucra al expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia.
Por su parte, el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina fue removido de su puesto como coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado. La fiscal superior titular Fanny Quispe Farfán, especializada en criminalidad organizada en Lima, fue designada en su reemplazo.
La designación de Quispe Farfán se produce tras más de una década de experiencia investigando delitos cometidos por funcionarios públicos. En noviembre de 2024, logró ascender a fiscal superior titular mediante un concurso público organizado por la Junta Nacional de Justicia. Además, en 2022 integró el equipo que investigó la red de corrupción conocida como «Los Cuellos Blancos del Puerto», liderada por el fiscal supremo adjunto Jesús Fernández Alarcón.
En esa oportunidad, Quispe Farfán contribuyó a estructurar una estrategia que permitió llevar adelante la investigación de una red conformada por jueces, fiscales, abogados influyentes y empresarios. Gracias a esta labor, se logró que Walter Ríos, expresidente de la Corte del Callao, se acoja a la colaboración eficaz, revelando 40 casos de corrupción que involucran a 90 personas, sin recibir beneficios de libertad.
Además de las mencionadas modificaciones, Delia Espinoza dispuso el reemplazo de Vanessa Milagros Díaz Ramos y Elma Sonia Vergara Cabrera, quienes se desempeñaban como coordinadoras de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios y de Extinción de Dominio, respectivamente.
