El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura ha solicitado nueve meses de prisión preventiva contra Diego Cadillo, alcalde del centro poblado de Medio Mundo, por el presunto delito de tentativa de feminicidio en agravio de su conviviente, identificada como D. H. V., de 34 años.

La medida fue requerida por el fiscal provincial Walberto Rodríguez Champi, tras reunir diversos elementos que fortalecerían la acusación. Entre las diligencias realizadas se encuentran la declaración de la víctima en cámara Gesell, testimonios de los policías que participaron en la intervención, la inspección ocular del lugar de los hechos y la revisión de las cámaras de videovigilancia.

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió cuando Cadillo habría ingresado en estado de ebriedad a la vivienda que compartía con la agraviada. Tras una discusión, el burgomaestre presuntamente le propinó puñetes y rodillazos en varias partes del cuerpo, causándole lesiones visibles. Vecinos de la zona intervinieron para auxiliar a la mujer y evitar que la agresión continuara.

La Fiscalía sostiene que la gravedad de los hechos y la existencia de riesgo procesal justifican la solicitud de prisión preventiva, a fin de garantizar la presencia del investigado durante el proceso y proteger a la víctima. Este pedido será evaluado por el Poder Judicial en los próximos días.

El caso ha generado indignación en la comunidad de Medio Mundo y en redes sociales, ya que se trata de una autoridad local que debía velar por la seguridad y bienestar de sus vecinos. Además, este incidente se suma a antecedentes de denuncias previas contra Cadillo, lo que incrementa la atención mediática y la presión social para que se tomen medidas ejemplares.

El Ministerio Público reafirmó su compromiso en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, señalando que continuará actuando con firmeza en casos de tentativa de feminicidio y otros delitos que atenten contra la integridad física y psicológica de las víctimas.

Este caso pone nuevamente en debate la urgencia de fortalecer las políticas de prevención y sanción de la violencia de género en el Perú, así como el seguimiento a autoridades que, pese a su cargo, estarían involucradas en conductas delictivas.