El pleno del Congreso de la República debatió este miércoles 30 de abril, el informe que propone la inhabilitación por 10 años del expresidente Francisco Sagasti para ejercer cargos públicos. La medida fue impulsada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y respaldada por la Comisión Permanente. El documento sostiene que Sagasti cometió infracciones a la Constitución durante su breve mandato en 2020.

En ese sentido, 56 parlamentarios decidieron votar a favor el informe presentado por la SAC para que no pueda ejercer cargos públicos. Mientras que 9 legisladores consideraron que dicha medida era inconcebible. Además, 11 representantes de la patria decidieron no tomar una postura firma frente a este caso.

Acusación basada en el retiro de oficiales de la PNP

El informe legislativo señala que Sagasti habría violado los artículos 45, 139 (inciso 3) y 172 de la Constitución al autorizar el pase al retiro de 19 oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP). Estas acciones se llevaron a cabo tras las protestas de noviembre de 2020 que dejaron dos jóvenes fallecidos.

Además de la inhabilitación, el documento solicita levantar el fuero de los funcionarios implicados para que el Ministerio Público inicie una investigación por presunto abuso de autoridad. La sanción también alcanzaría a los exministros del Interior Rubén Vargas y José Élice Navarro.

Francisco Sagasti rompe el silencio y defiende su gestión

Ante la gravedad de la acusación, Francisco Sagasti rompió su habitual perfil bajo y presentó un documento de descargo dirigido al presidente del Congreso. En el texto, rechazó los cargos que se le imputan y adviertió sobre los riesgos de politizar decisiones tomadas durante una situación de crisis nacional.

“Criminalizar una decisión legalmente adoptada en el ejercicio del más alto cargo del Estado vulnera los principios elementales del orden constitucional”, señala Sagasti, quien asegura que las medidas se tomaron dentro del marco legal vigente.

Según su defensa, de los 19 oficiales retirados, 14 estaban directamente vinculados a los operativos que resultaron en la muerte de manifestantes o enfrentaban investigaciones por su conducta durante la pandemia. Además, afirma que el retiro no fue arbitrario, sino el resultado de un análisis técnico y legal realizado por el Ejecutivo.

Aunque Sagasti ha reiterado que no tiene intención de postular a la presidencia en 2026, advierte que esta acusación podría sentar un peligroso precedente en la política peruana. “De prosperar esta acusación, nadie querrá asumir responsabilidades en situaciones de crisis, por temor a represalias políticas disfrazadas de legalidad”, afirmó.

La decisión del Congreso será clave para definir si se consolida un nuevo episodio de tensión entre el Parlamento y exautoridades del Ejecutivo, en un contexto marcado por acusaciones cruzadas y el uso político de figuras legales como la inhabilitación.