El escenario político peruano vuelve a estar marcado por la controversia, tras conocerse la presentación de una demanda de 364 páginas por parte de la fiscal de la Nación suspendida, Delia Espinoza Valenzuela, que solicita declarar la ilegalidad del partido Fuerza Popular. El documento al que accedió el Diario La República, forma parte de un expediente de 3,907 folios, fue ingresado el 18 de septiembre de 2025 ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, y busca la cancelación de la inscripción política del fujimorismo, el cierre de sus locales y la prohibición de reinscripción.
El caso no solo genera repercusión jurídica, sino también política, pues al día siguiente la Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendió a Espinoza, medida que ha sido interpretada como una jugada política en un contexto de fuerte tensión entre el Ejecutivo, el Congreso y el Ministerio Público.
El contenido de la demanda
El extenso documento presentado por Espinoza inicia con una reflexión jurídica sobre el concepto de democracia como categoría política y valor constitucional. En ese marco, sostiene que toda amenaza o vulneración grave de los derechos fundamentales representa un atentado contra el sistema democrático.
El fundamento central se apoya en el artículo 14.1 de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), que permite cancelar la inscripción de partidos que desarrollen actividades contrarias a los principios democráticos.
Antecedentes nacionales e internacionales
La demanda no se limita al análisis local, sino que cita casos emblemáticos de ilegalización de partidos:
- En Perú, el caso ANTAURO, liderado por Antauro Humala, cuya inscripción fue cancelada en enero de 2025 por promover actos contrarios a los principios democráticos.
- En Turquía, el Refah Partisi, disuelto por intentar reemplazar la legislación republicana por la “charía”.
- En España, la ilegalización de Batasuna en 2003 por vínculos con la violencia política en el País Vasco.
Estos precedentes, según la Fiscalía, respaldan la posibilidad de aplicar una medida semejante contra Fuerza Popular.
Historia de Fuerza Popular bajo la lupa
La demanda reconstruye la evolución de Fuerza Popular desde su origen en el legado político de Alberto Fujimori, destacando tanto sus logros iniciales contra el terrorismo y la hiperinflación como sus prácticas autoritarias.
Se citan los decretos inconstitucionales de los noventa, las elecciones fraudulentas de 1992-1993, las reelecciones de 1995 y 2000, así como las violaciones a los derechos humanos reconocidas por la Corte Interamericana en los casos Barrios Altos y La Cantuta.
En 2009, Keiko Fujimori fundó Fuerza 2011 —hoy Fuerza Popular— para postular en 2011. Sin embargo, la agrupación acumuló derrotas en las segundas vueltas de 2011, 2016 y 2021 frente a Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo, respectivamente. Según la demanda, estas derrotas no fueron aceptadas por el partido, que desplegó campañas para deslegitimar a las autoridades electas y fomentar un clima de confrontación.
El rol del Congreso y las prácticas antidemocráticas
La Fiscalía subraya el papel de Fuerza Popular en el Congreso. Tras las elecciones de 2016, el fujimorismo obtuvo 73 escaños, alcanzando mayoría absoluta. En lugar de fortalecer la institucionalidad, habría usado ese poder para obstruir la gobernabilidad de Pedro Pablo Kuczynski y sus sucesores Martín Vizcarra y Francisco Sagasti.
Incluso en la etapa de Pedro Castillo, Fuerza Popular habría repetido el patrón de hostigamiento político, extendiéndolo a opositores, jueces, fiscales y periodistas críticos.
La ruptura interna: Kenji Fujimori y los “Avengers”
La demanda recuerda la expulsión de Kenji Fujimori y su grupo denominado “Los Avengers”, conformado por nueve congresistas apartados por discrepar de la línea dura del partido. Este hecho, según el documento, muestra cómo el fujimorismo excluye voces disidentes y privilegia la confrontación sobre el debate democrático.
Los vínculos con grupos violentistas tales como ‘La Resistencia’
Uno de los apartados más graves se refiere a la relación entre Fuerza Popular y agrupaciones como La Resistencia, Los Combatientes y La Insurgencia, facciones acusadas de promover violencia, hostigamiento y persecución.
La Fiscalía documenta eventos organizados en conjunto, respaldo político de congresistas como Martha Moyano, Juan Carlos Lizarzaburu y Tania Ramírez, y conexiones con figuras como el fallecido Hernando Guerra García y la excongresista Rosa Bartra.
Se acusa a estas agrupaciones de realizar vigilias violentas, marchas de amedrentamiento y acoso sistemático contra periodistas, ex presidentes y fiscales. Entre las víctimas figuran Martín Vizcarra, Pedro Castillo, Zoraida Ávalos, José Domingo Pérez, Rafael Vela, Gustavo Gorriti ,Rosa María Palacios, entre otros.
Más aún, se identificaron militantes de Fuerza Popular integrando estas facciones, como José Luis García Danuso (alias Figureti), Alberto Bendezú Torres y Ludwin Olivos Milán, lo que probaría el vínculo funcional.
El futuro de este proceso depende ahora del nuevo fiscal de la Nación, quien deberá decidir si respalda o retira la denuncia presentada por Espinoza. Lo que resuelva la Corte Suprema en primera instancia podrá ser apelado, generando un proceso judicial de alta trascendencia.
De prosperar la demanda, sería la primera vez que un partido de alcance nacional como Fuerza Popular es disuelto judicialmente por actividades antidemocráticas, marcando un precedente histórico en la política peruana.
