El partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, presentó sus listas de candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados con miras a las próximas elecciones generales. Sin embargo, una investigación periodística ha generado controversia al revelar que al menos 28 postulantes del partido registran sentencias firmes por diversos delitos.
El informe difundido por el programa dominical Cuarto Poder señala que entre los aspirantes figuran personas con condenas por delitos graves como homicidio calificado en grado de tentativa, lesiones, corrupción de funcionarios y omisión de asistencia familiar. En algunos casos, estos antecedentes no habrían sido consignados en las declaraciones juradas presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Estrategia política y reelecciones
La presentación de las listas ocurre en un contexto en el que Keiko Fujimori busca su cuarta candidatura presidencial, mientras su agrupación intenta mantener su peso político en el Congreso.
Dentro de la estrategia electoral, el partido promueve la reelección de 18 de sus 21 congresistas actuales, además del retorno de 33 exparlamentarios que ya formaron parte del Legislativo en periodos anteriores.
No obstante, la revelación sobre los antecedentes judiciales de varios postulantes ha generado cuestionamientos sobre los criterios utilizados para la selección de candidatos y sobre la transparencia de la información consignada en las hojas de vida oficiales.
Caso de intento de homicidio
Uno de los casos más graves detectados por la investigación es el de Américo Orosco Orosco, candidato a diputado por la región Madre de Dios.
Según el reportaje, en mayo de 2013 Orosco protagonizó un ataque con arma de fuego contra un hombre, disparando ocho veces contra la víctima. Los proyectiles impactaron en el tórax, rostro y abdomen.
Tras acogerse a un proceso de terminación anticipada, el aspirante aceptó su responsabilidad por homicidio calificado en grado de tentativa y recibió una sentencia de seis años de prisión efectiva. Este antecedente, de acuerdo con la investigación periodística, no fue consignado en su actual declaración jurada presentada ante el organismo electoral.
Candidatos con múltiples sentencias
El informe también identifica a otros postulantes con un historial judicial significativo. Entre ellos figura Waldo Martín Valencia Berlanga, candidato al Senado, quien registra cinco sentencias firmes por el delito de lesiones emitidas entre los años 1999 y 2014.
Otro caso es el de Mauricio Arnillas Gonzáles, aspirante por la región Arequipa, quien cuenta con una sentencia de 1997 por lesiones culposas con pena privativa de la libertad. Este antecedente sí figuraba en procesos electorales anteriores, pero no aparece en su registro actual ante el Jurado Nacional de Elecciones.
Investigación por presunto acoso
Las controversias también alcanzan el ámbito disciplinario y ético. El docente Obed Bernuy Atachagua, candidato por Lima, enfrenta actualmente una investigación fiscal por presunto acoso y hostigamiento sexual contra una estudiante de 12 años.
De acuerdo con documentos citados en la investigación, la UGEL de Pucallpa inició en febrero de 2025 un proceso administrativo disciplinario contra el docente tras testimonios que lo acusan de realizar propuestas sentimentales a una menor dentro del aula.
Cuestionamientos en el sector salud
Entre los postulantes también figura Erwin Tito Ortega, médico y candidato al Senado, quien ha sido cuestionado por su desempeño en el hospital El Carmen de Huancayo.
El profesional de la salud fue criticado por atender un parto mediante videollamada, situación que generó cuestionamientos sobre la calidad de la atención médica brindada.
Además, el Ministerio Público lo investiga por presunta falsedad genérica, luego de que supuestamente presentara documentos falsos para evitar sanciones administrativas tras un diagnóstico erróneo en el que declaró muerto a un recién nacido que en realidad estaba con vida.
Exgobernador con investigaciones vigentes
En la región Ucayali, el exgobernador Jorge Velásquez Portocarrero también aparece en la lista de candidatos al Senado.
Velásquez salió de prisión en junio de 2024 luego de que el Tribunal Constitucional anulara una sentencia de cinco años por el delito de negociación incompatible. Sin embargo, mantiene un historial de más de 100 denuncias acumuladas durante su gestión regional.
Asimismo, continúa siendo investigado por el presunto delito de lavado de activos, caso relacionado con la incautación de cuatro avionetas que, según las autoridades, habrían sido adquiridas con fondos de origen ilícito.
Candidatos con procesos por difamación
El listado también incluye a Javier Castro Cruz, quien reconoce públicamente tener un “rosario de sentencias” por delitos contra el honor.
Durante más de dos décadas de trabajo en la radio en la región Lambayeque, Castro acumuló varias condenas por injuria y difamación, derivadas de denuncias presentadas por personas mencionadas en sus programas radiales.
Debate sobre transparencia electoral
La difusión de estos antecedentes ha reavivado el debate sobre los filtros de idoneidad de los candidatos y la verificación de la información que presentan ante el Jurado Nacional de Elecciones.
Especialistas en derecho electoral señalan que la legislación exige declarar antecedentes judiciales en las hojas de vida, por lo que la omisión de información podría generar sanciones o incluso la exclusión de candidaturas si se comprueba que los datos fueron ocultados.
