Solicitan medidas cautelares ante el acoso del Estado peruano y sus intenciones de pasarlos al retiro.

El coronel PNP Harvey Colchado Huamaní y 800 efectivos policiales solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dicte medidas cautelares para que el Estado peruano proteja sus vidas y su integridad personal ante las amenazas del Poder Ejecutivo bajo la advertencia permanente de ser dados de baja de la Policía Nacional del Perú.

El documento, suscrito por el mismo coronel Colchado, explica que el gobierno de la presidenta Boluarte Zegarra desarrolla estas acciones como represalia dado que el mismo (Colchado Huamaní) participó y coordinó -en su calidad de Jefe de la DIVIAC- en investigaciones fiscales que tenían que ver con casos de “alta corrupción en el poder” y que desembocó, en su momento, con el allanamiento a la casa de la mandataria.

“El allanamiento se hizo en función a una orden judicial, a una petición fiscal y a una orden judicial que en su momento se dictó y que él solamente ejecutó en razón al grado que tenía, a la dirección que tenía de la Diviac”, explicó Pérez Arroyo en La Rotativa del Aire de Radio Programas del Perú.

“A partir de entonces, agregó, se fue dando la apertura de un conjunto de procesos como el tema de la torta o el allanamiento que, a juicio de esta defensa, son producto no de una lógica procesal ordinaria sino de una suerte de represalia”, añadió.

Vendetta pura

El documento elevado a la CIDH resume las actividades asumidas por la Alta Dirección de la Policía Nacional del Perú contra el coronel Harvey Colchado: el 12 de abril de este año se le inició Procedimiento Administrativo Disciplinario, en vía sumaria, por infracción muy grave contra la imagen institucional; al día siguiente, se dispuso su separación del cargo, “no ejerciendo el cargo que venía desempeñando en la Policía Nacional del Perú”.

Diez días después, la PNP absolvió al comandante Colchado con Resolución 061-2024-IGPNP/DIRINV-ID Nº 4, pero hasta la fecha no ha sido reincorporado tal como lo ordena la Ley 30714 que regula el régimen disciplinario de su institución.

Mientras tanto, en el Congreso de la República, las fuerzas políticas afines al gobierno presentaron el proyecto de ley 8923/2024-CR que fortalece la estructura organizacional de la Policía Nacional del Perú. En su artículo 10 plantea que se puede pasar al retiro al personal sancionado en procesos disciplinarios por causas “graves y muy graves”.

Sustentados en este proyecto le abrieron nueve procesos disciplinarios a Harvey Colchado con comisiones ad hoc y aprovecharon la celebración de su cumpleaños con una torta que hacía referencia al descerraje ordenado por mandato judicial. “Esta sería la causal, conforme la voluntad política ya expresada por el gobierno de ‘pasarme al retiro’ juntos a otros 800 policías bajo excusa fraudulenta y abusiva de haber sido objeto de sanción administrativa”, señala el coronel Colchado.

“Es así, dice el documento presentado a la CIDH, que el portal de noticias ANP publicó este 7 de noviembre de 2024 que las autoridades gubernamentales y policiales vienen cumpliendo paso a paso el propósito de amedrentar al coronel Colchado con la finalidad de silenciarlo encubrir los casos que ha venido investigando con singular éxito”.

“Este portal publicó la lista de los nombres de 277 coroneles y 189 mayores PNP, dentro de ellos el recurrente, la razón real es sacarme de la Policía Nacional del Perú, por ser un elemento incómodo para el Gobierno”, enfatiza el coronel Colchado Huamaní.