La tensión institucional entre el Ejecutivo y el Ministerio Público sigue escalando. Esta vez, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte y la Policía Nacional del Perú (PNP) son acusados de favorecer a Patricia Benavides en la disputa por la titularidad de la Fiscalía de la Nación, en detrimento de la actual fiscal en funciones, Delia Espinoza.
Uno de los episodios más recientes ocurrió con la suspensión de una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), prevista para el lunes 23 de junio. El oficio de cancelación, enviado el sábado 21 por “motivos de fuerza mayor” y “por especial encargo” del premier Eduardo Arana, omitió el nombre de Espinoza en el listado de autoridades invitadas, pese a que ostenta legalmente el cargo de fiscal de la Nación.
Este gesto fue interpretado por varios actores políticos como una señal clara del alineamiento del Ejecutivo con la posición de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que emitió una controvertida resolución para restituir a Benavides. “Ese documento es firmado por el secretario técnico del Conasec por encargo de la presidenta. Con eso ya tenemos una posición fija del Ejecutivo que dice mucho”, advirtió Koky Noriega, gobernador de Áncash y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.
Noriega considera que el contexto de disputa por la jefatura del Ministerio Público habría motivado la cancelación, dejando entrever una estrategia política para minimizar la presencia institucional de Espinoza. “Sin la presencia del fiscal de la Nación, la reunión casi queda al vacío”, advirtió.
Patricia Benavides vuelve a obtener resguardo policial tras documento de la PNP
Por su parte, la Policía Nacional volvió a protagonizar un episodio confuso. El 15 de junio emitió una orden “de carácter muy urgente” para brindar resguardo policial a Patricia Benavides, referida en el documento como “fiscal de la Nación”, lo cual fue interpretado como un reconocimiento tácito de su autoridad. Sin embargo, días después, el 22 de junio, la PNP difundió un comunicado aclarando que no reconoce oficialmente a Benavides como titular del Ministerio Público.
“La Policía Nacional del Perú no tiene competencia para decidir quién ejerce la Fiscalía de la Nación”, indicó la institución, explicando que la asignación de seguridad fue una respuesta administrativa a un pedido sustentado con la resolución de la JNJ. Asimismo, informaron que actualmente se brinda protección tanto a Benavides como a Espinoza, en respeto al principio de neutralidad institucional.
Este contexto se produce luego del intento de Patricia Benavides, el pasado 16 de junio, de retomar el cargo de fiscal de la Nación forzando su ingreso a la sede del Ministerio Público. Delia Espinoza calificó el hecho como “un golpe a la democracia” y presentó una demanda de amparo ante el Juzgado Constitucional de Lima para resguardar su titularidad.
La defensa legal de Benavides, por su parte, sostiene la validez de su restitución y ha solicitado participar en el proceso de amparo como litisconsorte. Se prevé que Benavides intente presentarse nuevamente en el Ministerio Público el 23 de junio, lo que podría intensificar aún más el conflicto.
Esta creciente pugna entre el Ejecutivo, la JNJ, la Fiscalía y la Policía pone en riesgo la estabilidad institucional del país y plantea serias dudas sobre la independencia de poderes. En medio de esta crisis, la ciudadanía observa con preocupación cómo se instrumentalizan las instituciones para fines políticos, mientras la lucha contra la criminalidad y la corrupción permanece en segundo plano.
