Se dio a conocer por La Contra, un medio digital el cual señaló que el Despacho Presidencial buscó la opinión del Mininter sobre la ley de detención preliminar después que allanaran la casa de Freddy Hinojosa.
El Gobierno, a través del Despacho Presidencial, observó la ley que buscaba restablecer la detención preliminar judicial utilizando los mismos argumentos expuestos públicamente por Carlos Coria, abogado defensor del ministro del Interior, Juan José Santiváñez. La polémica surgió luego de que el medio digital La Contra revelara que el Despacho Presidencial solicitó la opinión del Ministerio del Interior (Mininter) sobre esta norma después del allanamiento a la vivienda de Freddy Hinojosa, vocero presidencial, en el marco de una investigación fiscal.
El hecho clave ocurrió el 6 de enero, cuando Carlos Coria publicó en su cuenta de Twitter una crítica técnica y jurídica contra la ley que restablece la detención preliminar. Poco después, el Mininter emitió un documento formal observando la norma y citando la publicación del abogado como respaldo el 07 de enero. Este detalle resulta relevante, ya que Coria, quien actualmente enfrenta una investigación por presunto abuso de autoridad entre otros.
Fuentes periodísticas indicaron que inicialmente el Mininter había preparado un primer documento en el que se recomendaba no emitir postura sobre la ley, argumentando que la competencia recaía en el Ministerio de Justicia. Sin embargo, dicho documento fue retirado del repositorio oficial del ministerio, y posteriormente se emitió uno nuevo con una postura en contra de la norma, sustentada en parte en los argumentos del abogado de Santiváñez.
Este hecho ha generado suspicacias, ya que se produce en un contexto delicado para el Gobierno, con investigaciones fiscales en curso que involucran a altos funcionarios, incluido Freddy Hinojosa, vocero de la Presidencia. La influencia del entorno de Santiváñez y la alineación de los argumentos del Ejecutivo con la posición de su abogado han generado críticas respecto a la posible intención de bloquear el avance de investigaciones judiciales mediante la restricción del uso de la detención preliminar.
La situación ha sido vista como un intento del Gobierno de proteger a sus funcionarios cercanos de posibles medidas judiciales, lo que podría abrir un nuevo frente de debate en el Congreso sobre el real interés detrás de estas observaciones a la norma.


