La reciente aprobación del Decreto Supremo N.º 001-2025-EM, que reglamenta la Ley N.º 32213 sobre la formalización minera, ha desatado una nueva ola de críticas, esta vez desde los propios gobiernos regionales, quienes consideran que la norma refuerza un modelo centralista que vulnera el proceso de descentralización.

En un pronunciamiento oficial emitido por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), siete autoridades regionales manifestaron su rotundo rechazo al nuevo reglamento, calificando su contenido como inconsulto y perjudicial para la autonomía regional. Según el documento, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) no habría coordinado ni dialogado con las regiones, a pesar de que estas tienen competencias directas en fiscalización y supervisión minera.

“Este enfoque centralista debilita el trabajo coordinado que se requiere en un tema tan delicado como la minería informal”, señala el pronunciamiento, en el que también se exige la restitución del liderazgo regional en el proceso de formalización.

Reclamo por exclusión en la elaboración del decreto

Los gobernadores denunciaron que la norma se elaboró de manera unilateral por el MINEM, sin respetar el carácter participativo que debería regir políticas públicas con fuerte impacto territorial. Advirtieron, además, que el reglamento vulnera principios constitucionales de descentralización y promueve una “rectoría centralizada” que menoscaba el rol técnico de las regiones.

La crítica apunta principalmente al debilitamiento del rol fiscalizador regional, al tiempo que se refuerzan decisiones tomadas desde Lima sin un análisis territorial diferenciado. Este cambio de enfoque, según la ANGR, contradice lo avanzado en descentralización durante las últimas décadas.

Cuestionamiento a la herencia del REINFO

Uno de los puntos más polémicos del reglamento es la incorporación de la transmisión sucesoria del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), es decir, que este registro ahora pueda ser heredado. Para los gobernadores, esta disposición es riesgosa y puede facilitar nuevas distorsiones e irregularidades en el sector.

“Esta figura abre la puerta a una legalización encubierta de la informalidad minera, que ya lleva más de una década sin solución real”, advirtieron.

El rechazo a esta medida no es nuevo: ya había sido cuestionada por congresistas de distintas bancadas, pero ahora también cuenta con el rechazo formal de las regiones, lo que aumenta la presión sobre el Ejecutivo para que reconsidere su aplicación.

Gobiernos Regionales exigen accíon por parte del Gobierno de Dina Boluarte contra el crimen organizado minero

Finalmente, el pronunciamiento hace un llamado urgente al Poder Ejecutivo para implementar una estrategia integral de seguridad que enfrente el creciente avance del crimen organizado en la minería informal. Las autoridades señalaron que varias zonas del país están siendo tomadas por mafias, lo que agrava la situación social y económica en regiones vulnerables.

“Se requiere una política nacional articulada y eficaz para frenar la delincuencia en el sector minero”, sostiene las autoridades regionales”.

El pronunciamiento fue firmado por los gobernadores de Áncash (Koki Noriega), Huánuco (Antonio Pulgar), Moquegua (Gilia Gutiérrez), Callao (Ciro Castillo), Tumbes (Segismundo Cruces), Apurímac (Percy Godoy), y por el director ejecutivo de la ANGR, Juan Luis Chombo Heredia.