Un nuevo escándalo golpea al sistema de seguridad nacional. Un grupo de hackers peruanos, identificados como Deface Perú, anunció haber vulnerado los sistemas de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (Dirin). A través de esta intrusión, lograron acceder y difundir documentos confidenciales que revelan actividades sensibles relacionadas con la protección a altos funcionarios del Estado y presunto reglaje a periodistas, jueces y fiscales.

De acuerdo con la información revelada por el portal La Encerrona, los archivos filtrados confirman que los agentes de inteligencia de la PNP no solo desplegaban estrategias de resguardo en favor de la presidenta Dina Boluarte y de exmandatarios como Pedro Castillo, Francisco Sagasti, Martín Vizcarra y Pedro Pablo Kuczynski (PPK), sino que también ejecutaban acciones de seguimiento y contrainteligencia contra miembros de la prensa y del sistema judicial vinculados a investigaciones emblemáticas.

La filtración en Telegram

Los hackers difundieron los documentos a través de su canal en Telegram, denominado Deface Perú. Allí expusieron detalles sobre operativos internos de la Dirin, incluyendo reportes de seguimiento a periodistas críticos y a magistrados involucrados en procesos de alto impacto, como los casos Odebrecht, OAS y el aeropuerto de Chinchero.

La magnitud de la filtración genera preocupación no solo por la vulneración de la seguridad institucional, sino también por la exposición de prácticas que podrían configurar violaciones a derechos fundamentales.

Reglaje a periodistas y casos sensibles

Entre los hallazgos más delicados, los documentos señalan que la Dirin habría monitoreado investigaciones periodísticas que denunciaban corrupción policial, incluyendo los trabajos publicados por el semanario Hildebrandt en sus trece, en los que se vinculaba a oficiales con Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, durante la gestión de Juan José Santiváñez como ministro del Interior.

Asimismo, la inteligencia policial habría identificado como “riesgo” los contenidos publicados por La Encerrona y solicitado acciones de control contra Marco Sifuentes, a quien incluso acusaron en noviembre de 2024 de “azuzar” a la población a participar en protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.

El material filtrado también revela que desde 2022, la PNP tenía conocimiento de las amenazas contra el periodista Gastón Medina, asesinado a inicios de 2024.

Contradicciones en la política de seguridad

Lo revelado pone en cuestión la eficacia del sistema de protección de datos de la Policía. Según el reportaje, la PNP había invertido más de 7 millones de soles en un servicio de seguridad informática para blindar sus bases de datos y comunicaciones internas. Sin embargo, esta inversión no evitó que los hackers de Deface Perú vulneraran con éxito sus sistemas.

El hecho desnuda una contradicción grave: mientras la institución destinaba recursos públicos a la protección digital, sus propios archivos estratégicos terminaban expuestos en canales de mensajería abiertos al público.

Reacciones y consecuencias

La filtración coloca al Ministerio del Interior y a la propia Dirin bajo presión para dar explicaciones sobre el alcance real de la intrusión, la veracidad de los documentos difundidos y las medidas adoptadas para contener futuros ciberataques.

Además, abre un debate mayor sobre los límites de la inteligencia policial y el respeto al estado de derecho, ya que las acciones de reglaje a periodistas, fiscales y jueces podrían constituir un abuso de poder con graves consecuencias institucionales.

Por ahora, la ciudadanía espera un pronunciamiento oficial del Ejecutivo y del Comando de la PNP, mientras especialistas en ciberseguridad advierten que este incidente refleja la fragilidad del sistema digital del Estado peruano frente a ciberamenazas cada vez más sofisticadas.

Lo que comenzó como un ataque informático podría convertirse en un caso de dimensiones políticas, legales y sociales, reabriendo la discusión sobre el rol de la inteligencia y la urgencia de garantizar la protección de derechos fundamentales en un contexto de creciente conflictividad política.