El alcalde del distrito de Santiago, en Ica, estaría involucrado en un presunto caso de nepotismo, luego de que se revelara que no declaró que tenía familiares trabajando en el municipio bajo la modalidad de CAS. La última declaración jurada que figura en la Contraloría no registra nuevos hallazgos desde el 2022.
Al asumir la alcaldía, el burgomaestre debió abstenerse de ratificar los contratos de sus familiares, conforme a lo estipulado en la normativa vigente, la cual prohíbe la contratación o permanencia de parientes en cargos públicos durante la gestión de una autoridad. La Ley N.º 26771, conocida como Ley de Nepotismo, y su reglamento (Decreto Supremo N.º 017-2002-PCM) prohíben que las autoridades públicas contraten o ratifiquen a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. El artículo 2 de esta ley establece que se considera nepotismo cuando una autoridad «directa o indirectamente» interviene en el nombramiento, contratación o ratificación de parientes en la misma entidad pública que dirige.
En este caso, el alcalde habría incurrido en dos infracciones: primero, la omisión de declarar sus vínculos familiares en el Estado, y segundo, la ratificación del contrato de sus parientes, lo que configuraría el delito de nepotismo según la ley peruana. Si la denuncia es confirmada por la Contraloría General de la República o el Ministerio Público, el alcalde podría enfrentar las siguientes sanciones:
- Administrativas: destitución del cargo e inhabilitación para ejercer funciones públicas.
- Penales: el Código Penal peruano tipifica el delito de nepotismo en su artículo 381, el cual establece penas de hasta 4 años de prisión para las autoridades que incurran en este delito.
Precisamente, estos actos se configuran de acuerdo al reglamento de causal de vacancia, y por la cual un ciudadano Iqueño , Julio Cchencho interpuso un pedido ante la Municipalidad Distrital de Santiago en Ica.
Hasta el momento, el alcalde no ha emitido declaraciones oficiales, y se espera que en los próximos días la Contraloría y el Ministerio Público tomen acciones concretas para investigar los hechos. La ciudadanía de Santiago ha solicitado mayor transparencia y el estricto cumplimiento de la ley para garantizar la integridad en la función pública.
