La Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica ha puesto en marcha una investigación que sacude a la región: el caso “Los Acelerados del Sur”. Se trata de una presunta organización criminal dedicada a la tramitación irregular de licencias de conducir, que habría operado con la complicidad de funcionarios y tramitadores en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ica (DRTC-Ica).
Según la Disposición Fiscal N° 83, basada en el Informe Policial N° 016-2025 de la DIVIAC, se identificaron al menos 25 personas involucradas, entre ellas altos funcionarios, servidores públicos y captadores externos.
¿Cómo operaba la presunta red de corrupción?
De acuerdo con las investigaciones, la organización habría montado un sistema ilícito de emisión de licencias de conducir, aprovechando puestos estratégicos dentro de la DRTC-Ica. Los implicados coordinaban pagos ilegales con postulantes y omitían los exámenes reales o los manipulaban, todo a cambio de sumas de dinero.
Se acusa a los investigados de los delitos de organización criminal, cohecho pasivo propio, cohecho activo genérico y tráfico de influencias, todos tipificados en el Código Penal peruano.
Posibles roles dentro de la organización:
Los miembros de “Los Acelerados del Sur” cumplían funciones específicas:
- Funcionarios públicos: Facilitaban o autorizaban el trámite irregular desde el interior de la DRTC-Ica.
- Colaboradores y tramitadores: Captaban a postulantes, realizaban coordinaciones ilegales y entregaban dinero a los funcionarios.
- Evaluadores de tránsito: Permitían que postulantes obtuvieran licencias sin cumplir con los exámenes requeridos.
- Vínculos familiares: Varias ramas familiares participaban de la estructura, como el caso del grupo conocido como “Las Yeren”.
El caso pone en evidencia las graves deficiencias en el control institucional de la emisión de licencias en la región. Además, expone cómo redes criminales pueden capturar entidades públicas para fines de lucro.
Este proceso judicial es un hito para la lucha anticorrupción en el sur del país y sienta un precedente en cuanto a la necesidad de fiscalización y transparencia en la administración pública.
Próximos pasos en la investigación
La Fiscalía ha ordenado la declaración indagatoria de los investigados entre el 3 y el 10 de junio de 2025. También ha solicitado información a la RENIEC y a la DRTC-Ica para corroborar vínculos laborales y documentales.
La ciudadanía espera que este proceso avance con firmeza y que se impongan sanciones ejemplares a quienes resulten responsables.
