En el marco de la lucha frontal contra la extorsión, una de las principales políticas de seguridad impulsadas por el presidente de la República, José Jerí, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ejecutó un operativo de prevención y control en el Establecimiento Penitenciario de Ica, con el objetivo de frenar las actividades delictivas que se gestan desde los centros de reclusión.
La intervención fue realizada bajo la supervisión directa del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, y en estrecha coordinación con el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes, quienes destacaron la necesidad de reforzar el principio de autoridad dentro de los penales como una estrategia clave para combatir la criminalidad organizada y, en particular, las redes de extorsión que afectan a miles de ciudadanos y empresarios en el país.
El operativo se desarrolló específicamente en el pabellón 7 de máxima seguridad, una de las zonas más sensibles del penal de Ica. Durante la acción, el ministro Martínez Laura estuvo acompañado por el director del establecimiento penitenciario, Nelson Espinoza Soriano, con quien verificó in situ el cumplimiento de los protocolos de seguridad y las condiciones de infraestructura.
Para la intervención se desplegó un contingente de 90 agentes penitenciarios, quienes ingresaron de manera simultánea a la totalidad del pabellón de máxima seguridad. El personal realizó una revisión exhaustiva de celdas, pasadizos y patios, siguiendo los lineamientos establecidos para este tipo de operaciones de control interno, cuyo objetivo principal es impedir que los internos cuenten con medios para coordinar acciones delictivas desde prisión.
Como resultado de la inspección, las autoridades hallaron diversos objetos prohibidos, los cuales fueron incautados de inmediato y retirados del pabellón. Aunque no se precisó la naturaleza exacta de los elementos decomisados, fuentes del sector indicaron que este tipo de intervenciones suele permitir la detección de equipos de comunicación clandestinos y otros artículos que facilitan la comisión de delitos como la extorsión, el sicariato y el tráfico de drogas desde el interior de los centros penitenciarios.
Además del operativo en el pabellón de máxima seguridad, el ministro de Justicia realizó una supervisión al pabellón de mujeres, donde verificó las condiciones de seguridad, el trato a las internas y el cumplimiento de las normas penitenciarias. Posteriormente, efectuó un recorrido por el perímetro externo del penal, con el fin de evaluar el estado de la infraestructura y constatar el desempeño del personal de seguridad de turno.
Durante la jornada, las autoridades resaltaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral del Gobierno para enfrentar la extorsión, delito que se ha incrementado en distintas regiones del país y que, en muchos casos, tiene su origen en organizaciones criminales que operan desde las cárceles. En ese sentido, el Ejecutivo ha reiterado que el fortalecimiento del control penitenciario es una pieza clave dentro del enfoque de seguridad ciudadana.
El Instituto Nacional Penitenciario reafirmó su compromiso de intensificar los operativos de control y seguridad en todos los establecimientos penitenciarios del territorio nacional, en coordinación permanente con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Según la institución, estas acciones buscan no solo prevenir actividades ilícitas, sino también fortalecer el orden interno, mejorar la disciplina y garantizar condiciones adecuadas tanto para los internos como para el personal penitenciario.
