El expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez, expresó su preocupación sobre la viabilidad de aplicar la pena de muerte para los violadores de menores, destacando las complejidades legales y políticas que se presentarían para implementar esta medida en Perú.

En una entrevista a un medio de televisión, Ernesto Álvarez ex tribuno del Tribunal Constitucional explicó que el proceso para aplicar la pena capital en estos casos no es simple ni rápido. Señaló que, en primer lugar, sería necesario que el país se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Pacto de San José, lo cual afectaría la relación de Perú con la comunidad internacional. Esta decisión, dijo, implicaría un largo proceso que requiere la aprobación tanto del Congreso como del Ejecutivo, además de la participación activa de la sociedad civil. Según Álvarez, todo este proceso podría demorar al menos un año.

El exmagistrado indicó que la salida de la Corte Interamericana también obligaría a un cambio constitucional para permitir la pena de muerte en ciertos casos, como la violación a menores. Esta reforma constitucional, sin embargo, es un procedimiento mucho más complejo debido a que la actual Constitución protege los derechos humanos de los ciudadanos. Cualquier intento de modificación en este ámbito se encuentra con estrictos límites, lo que complica aún más la posibilidad de un cambio rápido.

El proceso de reforma constitucional podría tomar entre uno y dos años, dependiendo de la celeridad del Congreso en debatir y aprobar la propuesta. Sin embargo, Álvarez advirtió que incluso si el Congreso aprueba la reforma, esta podría ser impugnada ante el Tribunal Constitucional, lo que añadiría aún más tiempo y complicaciones al proceso.

Según Álvarez, esta medida es a menudo presentada como una solución rápida en momentos de crisis de seguridad, pero no aborda los problemas estructurales que afectan al sistema de justicia y seguridad del país. Consideró que, en muchos casos, el debate sobre la pena de muerte se convierte en un «populismo penal» o una «cortina de humo» para distraer a la ciudadanía de los problemas de fondo.

Finalmente, el exfuncionario señaló que un aspecto crucial del sistema judicial peruano es el «garantismo», que, en ocasiones, protege excesivamente a los delincuentes en lugar de priorizar la seguridad de la población. Según Álvarez, reformar estas normas podría ser una solución más rápida y efectiva que modificar la Constitución para introducir la pena de muerte.