El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, ha señalado que la reciente ley que elimina la detención preliminar en casos de no flagrancia podría ser inaplicable, ya que los jueces tienen la facultad de inaplicar normas que consideren contrarias a la Constitución.

En declaraciones a la prensa, Arévalo destacó el rol de los jueces como garantes de los derechos fundamentales y subrayó que, si una norma no se ajusta a la Carta Magna, puede ser desestimada.

“Los jueces tienen la última palabra. Si consideran que una norma es inaplicable porque contraviene la Constitución, pueden inaplicarla. Esto debe hacerse con responsabilidad, asegurando que la justicia se administre de manera equitativa y conforme a los principios constitucionales”, explicó el presidente del Poder Judicial.

En su intervención, Arévalo también destacó la necesidad de encontrar un equilibrio entre la lucha contra la criminalidad y la protección de los derechos humanos. Subrayó que este es un desafío complejo que requiere un enfoque técnico y prudente, con una visión a largo plazo para evitar decisiones apresuradas que puedan comprometer las garantías fundamentales de los ciudadanos.

Pena de muerte: una medida irreversible e innecesaria

El presidente del Poder Judicial también abordó el polémico tema de la pena de muerte, calificándola como «irreversible» e «injustificada». Arévalo aseguró que esta medida ha sido superada en muchos países democráticos y que no es una solución viable para el sistema de justicia peruano. “La pena de muerte es una medida salvaje y en muchos casos innecesaria. No podemos permitirnos retroceder en los avances en derechos humanos”, subrayó.

Arévalo destacó que la pena de muerte es irreversible, lo que implica que un error judicial podría tener consecuencias fatales e irreparables. Además, recordó que muchos convenios internacionales de derechos humanos prohíben su aplicación, lo que hace aún más difícil su implementación en Perú.