El expresidente Martín Vizcarra enfrenta un nuevo revés político. Este último viernes 8 de agosto, mientras afronta un pedido de prisión preventiva por el caso Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro ordenó a la empresa CPI —y, en la práctica, a todas las encuestadoras— no incluirlo en sus estudios de opinión debido a que está inhabilitado para ejercer cargos públicos.

La resolución responde a una denuncia presentada por el militante aprista Luis Miguel Caya, quien cuestionó que CPI incluyera a Vizcarra en su más reciente encuesta, donde obtuvo un 15.1% de respaldo, pese a que el Congreso lo inhabilitó y fue retirado del padrón del partido Perú Primero.

Sin sanción, pero con advertencia

Caya solicitó que se sancione a la encuestadora. Sin embargo, el JEE desestimó este pedido al señalar que el Reglamento sobre Encuestas no contempla una penalidad para las empresas que incluyan a personas inhabilitadas en sus sondeos. Pese a ello, la autoridad electoral hizo una advertencia contundente, basada en jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Según el JEE, las encuestas no predicen el futuro, pero sí deben ofrecer información “fidedigna, objetiva y actualizada”. Incluir a Vizcarra, sostienen, sería presentar datos inexactos, dado que enfrenta dos inhabilitaciones vigentes que le impiden postular en las Elecciones 2026.

Orden directa a CPI y mensaje al sector

En el documento se dispone expresamente que CPI “debe abstenerse de incluir al señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo como parte de los resultados de sus encuestas electorales, ya sea como candidato o como parte de alguna organización política, en tanto su inhabilitación se mantenga vigente”.

La resolución también deja un mensaje claro para todas las empresas encuestadoras. El JEE Lima Centro recordó que estos estudios deben entregar información veraz y actualizada, sobre todo en temas sensibles como la lista de candidatos habilitados para participar en un proceso electoral.

El objetivo, precisan, es evitar la difusión de datos que puedan “inducir a la desinformación, generar falsas expectativas sobre la postulación de determinados candidatos o provocar confusión y afectar el orden público”.

Contexto político y judicial

Este pronunciamiento se suma a la compleja situación legal de Martín Vizcarra. El exmandatario enfrenta un pedido de prisión preventiva en el marco de las investigaciones por presuntos actos de corrupción vinculados al proyecto Lomas de Ilo y al Hospital de Moquegua, hechos ocurridos durante su gestión como gobernador regional.

La exclusión de Vizcarra de las encuestas, aunque no implica sanciones directas contra él, representa un golpe a su presencia mediática y limita su capacidad de posicionarse políticamente frente a la opinión pública de cara a las elecciones de 2026.