El pleno del Jurado Nacional de Elecciones decidió dejar al voto el recurso de apelación presentado por el todavía candidato Mario Vizcarra, ante las tachas admitidas por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 contra su plancha presidencial. La decisión de los magistrados podría conocerse dentro de las próximas horas o incluso dentro de 3 días.

En ese sentido, dicha institución electoral evalúo la decisión que declaró improcedente la candidatura de Mario Vizcarra a la Presidencia de la República por el partido Perú Primero. El fallo no solo definirá el futuro electoral del aspirante, sino que también podría sentar un precedente sobre la aplicación de las normas que restringen la postulación de personas con sentencias por corrupción.

La controversia se originó en el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2, que declaró fundadas tres tachas presentadas contra Vizcarra. Estas fueron acumuladas en un solo expediente porque se sustentaban en el mismo cuestionamiento: una condena de tres años de prisión suspendida por los delitos de peculado y falsa declaración. Para el JEE, este antecedente encuadra dentro de las restricciones establecidas en la Ley 30717.

Dicha norma, que modificó la Ley Orgánica de Elecciones, impide postular a la Presidencia y al Congreso a personas que hayan sido condenadas por colusión, peculado o corrupción de funcionarios, incluso si se encuentran rehabilitadas. La restricción se aplica siempre que la condena haya sido dictada cuando el sentenciado ejercía funciones públicas y en calidad de autor, condiciones que —según el JEE— cumple Mario Vizcarra.

Condena por peculado contra Mario Vizcarra no fue declaarada en su hoja de vida

El hoy candidato presidencial fue condenado en 2005 cuando se desempeñaba como expresidente del CTAR Moquegua (actual Gobierno Regional de Moquegua). La Sala Mixta de Moquegua lo halló responsable de haber percibido dobles ingresos del Estado y de haber falseado una declaración jurada para obtener un segundo pago del erario público. Aunque cumplió su condena y la reparación civil fue declarada prescrita, la autoridad electoral consideró que ello no elimina la prohibición establecida por la Ley 30717.

Ante esta decisión, Perú Primero presentó un recurso de apelación, que será evaluado por el Pleno del JNE en audiencia pública desde las 9:30 a. m. La defensa del partido sostiene que la aplicación automática de la Ley 30717 vulnera derechos fundamentales y desconoce la evolución de la jurisprudencia constitucional.

Y es que la norma en cuestión ha sido altamente controversial desde su promulgación. Si bien fue aplaudida en un inicio como un filtro ético contra la corrupción, luego fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC). Aunque una mayoría de magistrados consideró que la ley vulneraba derechos como la resocialización y la participación política, no se alcanzaron los cinco votos necesarios para expulsarla del ordenamiento jurídico.

Sin embargo, con la nueva composición del TC, el criterio cambió. En al menos seis sentencias, el máximo intérprete de la Constitución ha optado por inaplicar la restricción, al resolver acciones de amparo presentadas por candidatos excluidos pese a estar rehabilitados. En estos fallos, el TC exhortó al JNE a utilizar herramientas como el control difuso para evitar decisiones que contravengan los derechos fundamentales.

Esa es precisamente la jurisprudencia que hoy invoca Perú Primero. El partido solicita que el JNE no aplique la Ley 30717 en este caso y permita que Mario Vizcarra continúe en la contienda electoral. La decisión, sin embargo, no es sencilla: si el JNE opta por ratificar la exclusión, podría enfrentar una demanda ante el Poder Judicial por presunta vulneración de derechos constitucionales.

El escenario es aún más complejo porque no solo está en juego la candidatura individual de Vizcarra. De acuerdo con la normativa electoral, si se declara improcedente su postulación, toda la plancha presidencial de Perú Primero quedaría fuera de carrera, lo que tendría un impacto directo en la oferta política de las próximas elecciones.