El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó una denuncia penal ante el despacho del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, contra los tres jueces superiores de la Primera Sala Constitucional de Lima por el presunto delito de desobediencia y resistencia a la autoridad por caso del partido político Unidad Popular, liderado por Duberlí Rodríguez

Según el organismo electoral, los magistrados incumplieron de manera deliberada una orden expresa del Tribunal Constitucional (TC), lo que afecta el desarrollo del proceso electoral de cara a las Elecciones Generales 2026.

Denuncia por desacato al Tribunal Constitucional

El procurador público del JNE, Ronald Angulo Zavaleta, interpuso la denuncia contra los jueces Oswaldo Ordoñez Alcántara, Andrés Tapia Gonzales y Bacilio Cueva Chauca, quienes —de acuerdo con el documento presentado— habrían desconocido una medida cautelar emitida por el Tribunal Constitucional el pasado 7 de octubre.

Dicha medida fue concedida en el marco de la demanda competencial presentada por el JNE contra el Poder Judicial, y establecía la suspensión inmediata de los efectos de resoluciones judiciales que ordenaban la inscripción del partido político Unidad Popular hasta que se emita una sentencia definitiva. Además, el fallo precisaba que ningún juez podía emitir nuevas resoluciones que alteraran el cronograma electoral ni interfirieran con las competencias del organismo electoral.

El procurador del JNE señala que los magistrados denunciados continuaron tramitando y valorando las resoluciones suspendidas, lo que constituye —según la denuncia— un acto de desacato directo a lo dispuesto por el máximo intérprete de la Constitución.

“A sabiendas de que dichas resoluciones no tienen efectos y no pueden ni deben ser valoradas, insisten en continuar con la ejecución de las mismas, con lo cual irrefutablemente se configura el desacato”, indica el escrito presentado por el JNE.

Posible afectación al proceso electoral 2026

El organismo electoral advirtió que esta actuación del Poder Judicial podría comprometer el normal desarrollo del proceso electoral 2026, al reabrir controversias sobre la inscripción de organizaciones políticas pese a la orden de suspensión vigente. En su comunicado, el JNE subraya que respetar las decisiones del Tribunal Constitucional es esencial para garantizar la estabilidad institucional y la independencia de los organismos electorales.

La denuncia también destaca que este tipo de interferencias afecta el principio de tutela jurisdiccional efectiva, al vulnerar el derecho del JNE a un debido proceso dentro del marco competencial que le reconoce la Constitución.

“Se nos afecta nuestro derecho al debido proceso y al de la tutela jurisdiccional efectiva, respecto del proceso de amparo, y a la par se configura el delito denunciado”, agrega el procurador Angulo Zavaleta en el documento.

Solicitan acción penal inmediata

El JNE ha solicitado formalmente al fiscal de la Nación admitir a trámite la denuncia penal e iniciar la indagación preliminar correspondiente contra los jueces involucrados. Además, pide que, tras las diligencias iniciales, el Ministerio Público proceda a ejercer la acción penal en defensa de la legalidad y del respeto al Tribunal Constitucional.

El caso se da en un contexto de alta tensión entre el sistema judicial y los organismos electorales. El Tribunal Constitucional ya había advertido previamente sobre los riesgos de interferencia judicial en la labor del JNE, especialmente cuando las decisiones del Poder Judicial pueden alterar el cronograma o la validez del proceso electoral.

De acuerdo con el Código Penal peruano, el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad (artículo 368) sanciona con pena privativa de libertad de tres a seis años a los funcionarios que incumplen resoluciones de órganos constitucionales o judiciales.

En este caso, la denuncia del JNE sostiene que los jueces actuaron con pleno conocimiento de la vigencia de la medida cautelar emitida por el Tribunal Constitucional y, aun así, decidieron no acatarla.