La Junta Nacional de Justicia (JNJ), a través de su Dirección de Procedimientos Disciplinarios, otorgó un plazo de cinco días hábiles a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, para que presente un informe documentado en relación con una presunta omisión de información en su declaración jurada de intereses correspondiente al periodo 2021-2025

El requerimiento se enmarca en un procedimiento disciplinario iniciado tras una denuncia ciudadana presentada por Gino Román Torres, director ejecutivo del Centro de Protección del Ciudadano ‘Equidad’, quien cuestiona que la magistrada no haya consignado a Daniela Moreno Tello como su sobrina dentro de la citada declaración.

De acuerdo con el documento presentado ante la JNJ, la supuesta omisión sería de carácter doloso, lo que —según el denunciante— podría configurar los presuntos delitos de falsedad ideológica y omisión de consignar información en documentos oficiales, infracciones que están contempladas dentro del marco de control ético y disciplinario de altos funcionarios del sistema de justicia.

Cuestionamientos por viajes al extranjero

Uno de los elementos señalados en la denuncia es que Daniela Moreno Tello habría realizado más de 17 viajes a distintos países, situación que, de acuerdo con el denunciante, resultaría incompatible con la ausencia de actividad pública registrada que justifique dichos desplazamientos.

“(Daniela Moreno) habría realizado más de 17 viajes a diferentes países, circunstancia incompatible con la inexistencia de actividad pública registrada”, se lee textualmente en el escrito presentado ante la JNJ. Este argumento es utilizado para sustentar la relevancia de la información que, presuntamente, no habría sido declarada por la presidenta del Poder Judicial.

Firma de altas autoridades de la JNJ

El oficio que formaliza el requerimiento lleva la firma de la presidenta de la JNJ, María Cabrera Vega, así como de Magnolia Martínez, directora de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios. Ambas autoridades solicitaron que la magistrada cumpla con remitir la información solicitada dentro del plazo establecido, a fin de evaluar si corresponde o no la continuación del proceso disciplinario.

Este tipo de procedimientos no implica, de manera automática, una sanción, pero sí abre una etapa de verificación y análisis de la conducta funcional de la autoridad cuestionada, en línea con las competencias constitucionales de la JNJ.

Advertencias de presunta persecución a magistrados

El caso se da en un contexto de tensión institucional. Recientemente, la Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia (JUSDEM) advirtió que, tras la destitución de la fiscal suprema Delia Espinoza, existiría el riesgo de una “persecución sistemática” contra jueces y fiscales.

En un pronunciamiento público, la organización alertó sobre amenazas de destitución, presunta injerencia directa en audiencias, el uso de procedimientos disciplinarios con fines intimidatorios, así como campañas de descrédito a través de redes sociales.

Según JUSDEM, estos hechos no serían aislados, sino que configurarían un patrón de presión institucional orientado a debilitar la independencia judicial y la institucionalidad democrática, en perjuicio del interés público.